La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando despachos y domicilios de dirigentes socialistas en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de la SEPI. Uno de los inmuebles a los que han accedido los agentes de la Benemérita pertenece a Gaspar Zarrías, histórico dirigente del PSOE andaluz que llegó a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía en la etapa de Manuel Chaves. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha imputado a Ana Fuentes, gerente del PSOE, Zarrías, Santos Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset.
Por el momento, fuentes de la investigación consultadas por El Correo de Andalucía confirman que se ha accedido a las oficinas centrales del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, y no descartan más actuaciones en otras localidades de la geografía española. El Juzgado Central de Instrucción 5 ha enviado un requerimiento contra «los responsables de gerencia» del PSOE. De esta manera, además del despacho y el domicilio de Zarrías se registran inmuebles del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset. El caso continúa bajo secreto de sumario.
Zarrías ya declaró como testigo en un caso relacionado con Leire Díez el pasado mes de abril. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid investiga si ella y Pérez Dolset se reunieron con empresarios, políticos, fiscales y guardias civiles por un tema periodístico o para investigar sobre las causas de corrupción que atañían al PSOE. Zarrías reconoció en sede judicial que pagó durante cuatro meses a Leire Díez un total de 16.000 euros para que investigara si el comisario José Manuel Villarejo estuvo detrás del inicio de la investigación sobre el caso ERE, aunque la investigación no llegó a buen término. Zarrías hizo entrega al juez del trabajo por el que pagó a la ‘fontanera’, que le fue entregado en septiembre de 2024. «Aquí no ha tenido nada que ver el Partido Socialista», señaló para negar también que este asunto tuviera «nada que ver con Santos Cerdán»,
Volviendo a la causa de la SEPI, no es la primera vez que esta investigación apunta a personas relacionadas con Andalucía. En esta misma causa fue detenido el pasado mes de diciembre Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. La UCO accedió al bar La Bola, de La Cartuja, en Sevilla, como una de las sociedades de Fernández. Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, según la investigación, formaron una estrcutura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales y contaron con la ayuda de «diversos cargos púlicos». Están acusados de delitos de «prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal».
Diputado del Parlamento andaluz desde 1982 hasta 2009
Gaspar Zarrías (Madrid, 1955) es uno de los históricos miembros del Partido Socialista Obrero Español, al igual que su padre, Juan Zarrías Jareño. Licenciado como abogado se incorporó como militante socialista en 1973, en la época de la clandestinidad, según apunta la Fundación Pablo Iglesias. Se trasladó a Jaén pocos años después y participó en las campañas electorales de 1977. Ya en 1982 fue elegido diputado en el Parlamento de Andalucía, un cargo que ostentaría hasta 2009 asumiendo distintas responsabilidades, la última de ellas como vicepresidente primero. En este periodo también fue concejal del Ayuntamiento de Cazalilla (Jaén) y senador. Desde 1993 hasta 2010 fue secretario general del PSOE en Jaén.
Llegó a ser presidente en funciones de la Junta de Andalucía en la transición entre Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Después, trabajaría para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario de Estado de Administraciones Territoriales en el Ministerio de Política Territorial.
Anulada su condena en el caso ERE de Andalucía
Gaspar Zarrías fue uno de los condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en la conocida como pieza política de los ERE. Se le impuso una pena de 9 años de inhabilitación especial, con la consiguiente privación definitiva de todo cargo público de carácter electivo o de designación, en cualquier Administración Pública, que tenga el penado, y la incapacidad para obtenerlos durante el tiempo de la condena. Sin embargo, esta fue uno de los fallos que ordenó revocar el Tribunal Constitucional. El caso continúa a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial elevada por la Audiencia sevillana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
