El traspaso de la AP-9 es uno de los pocos asuntos que ha suscitado el consenso de todos los grupos políticos en Galicia, pero que encalla al llegar a Madrid, donde los mismos partidos que en el Parlamento gallego claman por esta demanda histórica cuando están instalados en la Moncloa se dedican a torpedearla. Cuatro veces se impulsó desde Galicia una proposición de ley para conseguir la transferencia de una autopista, de las más caras de España, y que vertebra las principales ciudades gallegas con una concesión que no finaliza hasta 2048. Y durante diez años todos los intentos fracasaron.
La primeva vez fue en 2016, cuando gobernaba Mariano Rajoy. La propuesta aprobada por unanimidad en la Cámara gallega llegó al Congreso, pero ni siquiera fue admitida a trámite, puesto que el Congreso vetó su debate. En 2017 hubo un nuevo intento, pero también se quedó a las puertas de las Cortes.
El entonces ministro popular de Fomento, Íñigo de la Serna, alegaba que esta vía de comunicación era de «interés general» y esgrimía también motivos económicos. Por otro lado, en aquel momento las tensiones territoriales, con Cataluña a punto de celebrar un referéndum, no aconsejaban hacer cesiones competenciales a otras comunidades. Su postura contrastaba, sin embargo, con la del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que llegó a decir que su partido en Madrid había cometido un «error».
Llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y en octubre de 2018 el Parlamento de Galicia volvió a insistir en su demanda para transferir la AP-9. Sin el PP en el Gobierno, el Congreso admitió a trámite la solicitud formulada desde Galicia. Pero tampoco se lograron avances, pues el adelanto electoral impidió su tramitación.
La iniciativa decayó y, a finales de 2023, el Parlamento de Galicia volvió a aprobar por unanimidad de todos los grupos demandar al Gobierno la titularidad de la AP-9 y fue admitida a trámite en junio de 2024. Desde entonces ha sufrido más de 60 prórrogas hasta que al final este martes se ha desbloqueado.
Rechazo del Gobierno de Sánchez
La ley estuvo varada en el Congreso, esta vez porque desde el PSOE en Madrid trataron de frenar el traspaso que en Galicia los suyos defendían a capa y espada en el Parlamento. En el Congreso, los socialistas alegaban que no se podía transferir la titularidad de la AP-9 porque forma parte de la Red Transeuropea de Transportes, que permite la conexión viaria por toda Europa, que tiene continuidad con Portugal. Y, en su lugar, planteaban una cesión descafeinada que consistía en que el Estado mantuviese la titularidad, pero la Xunta tuviese competencias en gestión.
Uno de los debates más encendidos sobre el traspaso de la AP-9 ha girado en torno al coste económico. El ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazó la demanda de Galicia porque la transferencia costaría entre 1.260 y 2.600 millones de euros, a lo que habría que sumar 4.000 más del rescate de la autopista. Unos números que fueron después rebatidos por la Xunta, que cifró en 526 millones el coste de la cesión a Galicia, que alcanzarían los 2.355 millones si se recupera la concesión.
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