El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, acudió en enero acompañado del abogado Antonio Alberca a la Embajada de EEUU en Madrid para denunciar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por supuestamente haber recibido sumas de dinero a cambio de defender al régimen bolivariano: «El patrimonio obtenido seria ilícito e incurriría en el delito de blanqueo de capitales y en las conductas tipificadas en la ley Global Magnitsky, haciéndose acreedor de las sanciones ahí establecidas», dice el documento que ya había remitido en agosto de 2025 a la legación consular, y en el que se culpa a Zapatero de haber ayudado al Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a impedir «elecciones libres» en el país sudamericano.
«Mediante el presente escrito vengo a instar la aplicación al expresidente del Gobierno del Reino de España José Luis Rodríguez Zapatero de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos ( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.) aprobada el 18 de abril de 2016″.dice el documento destinado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos» a través de la legación consular en España, al que ha tenido acceso esta redacción.
La investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate en 2020 de la aerolínea Plus Ultra, que ha acabado implicando en una presunta organización criminal al expresidente, ha contado con la colaboración de EE.UU. a través de la Homeland Security Investigations, la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad del país norteamericano.
Así consta en el auto dictado por el magistrado para justificar la entrada y registro en la oficina del expresidente, que cita expresamente la colaboración de esta agencia estadounidense a través de los mecanismos de contacto de los que dispone la Policía Nacional, encargada de las pesquisas. Los norteamericanos han puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción los datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconsejero de Plus Ultra al que, tal y como informó este diario, la exfiscal general de Venezuela vinculó con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro.
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