A un día de que el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, vaya al juzgado acusado de supuesto fraude fiscal con una petición de 7 años de cárcel, la ciudad se ha llenado este jueves de panfletos con la imagen del regidor y un texto que recuerda las fechas en las que el primer edil «tiene la obligación de sentarse en el banquillo de acusados para declarar por los delitos contra la Hacienda pública y contra la seguridad social» por unos hechos ocurridos en 2005.
La vista oral ha sido aplazada en tres ocasiones anteriores. En primer lugar, en enero de 2025 por la imposibilidad del letrado del primer edil de acudir a la cita judicial, y después en noviembre de ese mismo año, por un problema médico de la propia magistrada, que finalmente pospuso el señalamiento seis meses. La nueva cita judicial, a día de hoy, se mantiene.
«De esta no se escapa», finaliza el cartel que se ha depositado en numerosos puntos de la ciudad, sobre todo en los limpiaparabrisas de los coches.
Cartel que se ha distribuido por Orihuela / Información
Petición del Ministerio Público
La Fiscalía pide a Vegara, como empresario, consejero delegado y apoderado de ITV Vega Baja, junto a otros tres encausados -dos de ellos de la misma mercantil ITV-, una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades.
Según el escrito de acusación, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las «maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos«, de la que Vegara sigue siendo uno de sus responsables: 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA.
Los hechos ya investigados que van a juicio tuvieron lugar en 2005, antes de que Vegara estuviera vinculado a la política local y se conoció, ya el auto de enjuiciamiento, en el momento de conocerse su candidatura a las elecciones municipales de 2023 -sin que el ahora primer edil, que gobierna con el apoyo de Vox, hiciera público antes esta causa pendiente con la justicia-.
Impacto negativo
Este mismo jueves, el PSOE oriolano ha pedido «responsabilidad política y estabilidad institucional«, así como transparencia ante el inicio del juicio oral, advirtiendo al mismo tiempo del impacto negativo que esta situación está teniendo sobre la imagen, la estabilidad y el prestigio institucional de la ciudad.
Con todo, el edil socialista Luis Quesada ha querido dejar claro que «la posición del PSOE parte del respeto absoluto a la presunción de inocencia y al trabajo de la justicia», pero, en cualquier caso, «Orihuela merece aparecer en los medios por sus oportunidades, su patrimonio y sus proyectos de futuro, y no por procesos judiciales que afectan a su máxima representación institucional».
Tras los aplazamientos, los socialistas esperan que el juicio pueda celebrarse finalmente con normalidad para evitar seguir prolongando una situación que, aseguran, «genera desgaste y perjudica la credibilidad institucional».
Asimismo, consideran que el Partido Popular debe ofrecer explicaciones claras sobre la gestión política de este asunto y el expediente disciplinario anunciado hace meses, del que todavía no se conocen resultados. «El PP no puede limitarse al silencio. Los ciudadanos merecen transparencia y responsabilidad por parte de quienes gobiernan y de quienes respaldaron esta candidatura», ha concluido el secretario general socialista.
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