El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama relata de forma pormenorizada quiénes conformaban la presunta trama de corrupción, en cuyo «vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel».
«Desde su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria. A su alrededor actúan colaboradores de confianza», prosigue la resolución que identifica a todos los integrantes de la supuesta organización del expresidente del Gobierno.
Julio Martínez Martínez, a quien Zapatero considera «amigo», era según el auto del juez Calama el responsable «de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos«. Este empresario desempeñaba «un papel relevante en distintos niveles: como «receptor y ejecutor de instrucciones directas» del expresidente; «y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes».
En los correos interceptados por la UDEF se evidencia que el directivo de Plus Ultra Roberto Roselli manifiesta al axpresidente de la compañía Rodolfo Reyes que él no habla «directamente con Zapatero sino con su «lacayo», Julio Martínez Martínez, y que este le habló de la estructura mercantil («finance boutique”) que habían montado, señalando Roselli que a través de esta cobrarían las «mordidas».
José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca
Esta operativa se llevaba a cabo mediante la sociedad Análisis Relevante SL, que según los investigadores era «una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades -principalmente Plus Ultra, pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva-, hacia personas del entorno de la red organizada, especialmente José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav», esta última propiedad de las hijas del expresidente del Gobierno.
La intervención de Análisis Relevante «revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red», destaca el instructor. En el auto se señala que lo directivos de Plus Ultra sostienen que «Manuel es la pieza de ZP en Venezuela», en alusión era Manuel Aarón Fajardo.
La mercantil Whathefav SL, en la que aparecen como administradoras formales las hijas de Zapatero, recibe fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno del expresidente. Los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante SL y distribuidos finalmente por Whathefav SL se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan «notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago», prosigue el auto.
La gestión cotidiana de la red de Zapatero, según el juez, correspondería «a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina del expresidente, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis».
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, del Senado / CARLOS LUJAN
Del contenido de los correos electrónicos intervenidos a Julio Martínez Martínez se desprende que Zapatero «imparte sus directrices» a través de Gertrudis Alcázar Jiménez, pero también de Judith Laure Wells Sutton, que dan cobertura formal y documental «a su ilícita actividad».
En la trama hay varias empresas que, según el juez Calama, cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo. Sofgestor SL, controlada por Carlos Alberto Parra Delgado, funciona como vehículo de canalización de fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real. Tal y como adelantó esta redacción, Parra Delgado ya estuvo en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo. En concreto, este empresario también es apoderado de la mercantil Apamate Corporate and Trust, que transfirió 300.000 euros a una de las firmas del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama.
La firma Inteligencia Prospectiva SL, administrada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constituye «un punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center mediante contratos ficticios.
Calefón Consultores SL, controlada por Santiago Fernández Lena, pese a carecer de vinculación formal, también opera como sociedad instrumental utilizada para canalizar fondos de Plus Ultra hacia mercantiles del entorno de Julio Martínez Martínez mediante «facturación simulada y contratos ad hoc».
Las firmas Iot Domotic Europe, Voli Analítica, Idella Consulenza Strategica SL y Afitta SL desempeñan papeles «relevantes», según el juez, pues sirven para recibir las sumas que recibió la supuesta trama de la aerolínea Plus Ultra. En concreto, Idella Consulenza Strategica se habría utilizado «como eje societario desde el cual se articulan las operaciones presuntamente destinadas a desviar al extranjero los fondos derivados del contrato suscrito con la aerolínea Plus Ultra. Su intervención se manifiesta en tres planos: como beneficiaría del contrato con Plus Ultra que generaría un ingreso de 530.000 euros; como sociedad matriz de tas entidades creadas en Dubái, cuya titularidad íntegra ostentaría; y como pieza instrumental para desviar al extranjero los fondos derivados del contrato, evitando su percepción en España mediante el uso de sociedades radicadas en la zona franca de Dubái»
Siguiendo instrucciones de Zapatero, se creó al menos la sociedad off-shore: Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones de dólares de Estados Unidos en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros).
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