La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, el principal foro de diálogo entre los dos gobiernos creado por el Estatut de 2006, vuelve al primer plano. Este órgano se reunirá este miércoles para rubricar los grandes proyectos que se incluyen en los presupuestos de la Generalitat de este año: la línea de tren orbital, la sociedad de inversiones, y el cambio de mayorías en el Consorci de la Zona Franca. Son tres proyectos que necesitan de la participación tanto del Gobierno como del ejecutivo catalán, de ahí la convocatoria de la cita. Durante el mandato del president Salvador Illa esta comisión ya se ha reunido en dos ocasiones. La gran pregunta a estas alturas es: ¿cumple o no con los compromisos a los que llega?
Primera bilateral: febrero de 2025
La primera cita de la bilateral en este mandato acordó ampliar la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 efectivos -actualmente ronda los 19.500-. Se dio de plazo hasta 2030. La Generalitat ejecutó el primer paso en el pasado mes de marzo, cuando incluyó en los presupuestos de 2026 la convocatoria de 1.587 nuevas plazas de agentes. El problema es que el Govern no tenía apoyos suficientes para aprobar las cuentas y tuvo que retirarlas del Parlament. Se supone que retomará la idea cuando en los próximos días vuelvan a entrar los presupuestos en la Cámara que, esta vez sí, disponen de los votos necesarios. Si concreta estas 1.500 plazas, aún le quedarán otras 4.000 hasta llegar al objetivo.
Otro acuerdo de aquel día fue incrementar la plantilla de jueces en Cataluña. Los dos gobiernos asumieron la necesidad de una mejora «urgente y cualitativa» de los servicios de la administración de justicia. Hace dos meses, el Ministerio de Justicia hizo llegar a la Generalitat su propuesta para aumentar la plantilla en 91 magistrados en la que se incluía también la distribución territorial. El Govern remitió sus consideraciones al Ministerio -también lo hizo el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– y espera la propuesta definitiva para antes del verano.
Juzgado de guardia de Barcelona, en una foto de archivo. / JORDI OTIX
La Generalitat pidió al Estado la competencia para poder impulsar ofertas públicas de plazas de funcionarios de habilitación nacional. Se trata de, por ejemplo, interventores, secretarios y tesoreros municipales, claves para el funcionamiento de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños y faltos de personal. La competencia ha sido finalmente asumida por la Generalitat -«Ha sido uno de los caballos de batalla del conseller de Presidencia», afirman desde el Govern- y ahora solo le falta lanzarse al ruedo. La intención del ejecutivo catalán es lanzar este mismo año una convocatoria de 500 plazas.
En aquella cita de febrero de 2025, los dos gobiernos también pactaron crear un consorcio de inversiones cuya misión tenía que ser «acelerar las inversiones del Estado en Catalunya». Un año después se registró una ley en el Congreso para que se hiciera efectivo. El problema es que la norma fue rechazada con los votos del PP, Vox, Junts y el PNV. Para sortear el veto de estos dos partidos, el Govern ha puesto en marcha un plan ‘b’: impulsar una sociedad mercantil que persiga el mismo objetivo que aquel consorcio. La ventaja es que se puede crear sin pasar por la Cámara Baja.
Reunión de la comisión bilateral del 14 de julio de 2025. / Ferran Nadeu
La Generalitat y el Estado también acordaron la constitución de un grupo de trabajo para impulsar una «ventanilla única de atención ciudadana integrada». El objetivo es que los ciudadanos puedan en el futuro realizar en un mismo espacio las gestiones que tengan que ver tanto con la Administración estatal como con la autonómica. Una forma de desburocratizar y agilizar trámites. Fuentes del Govern aseguran que el grupo de trabajo se ha reunido en «varias ocasiones» y que tiene previsto «desarrollar e implantar próximamente una prueba piloto». Sin embargo, por ahora, no ha presentado concreciones.
Una de las decisiones recurrentes de las bilaterales es pactar la cesión de bienes inmuebles que son titularidad del Estado, pero que la Generalitat reclama para convertirlos en equipamientos. Esa vez se pactó una ampliación de usos de un edificio en la plaza Eusebi Güell para cederlo al Barcelona Supercomputing Centre (BSC), que ya se ha concretado. Sigue pendiente el traspaso de un inmueble en la ronda Sant Pere para que sea el futuro CAP Casc Antic.
Segunda bilateral: julio de 2025
La segunda bilateral tuvo un tema estrella: el diseño de una nueva financiación «singular» para Catalunya que, a la vez, fuera «generalizable» para el resto de las comunidades. Aquel día se presentaron las bases del modelo. Transcurrido todo este tiempo, el trabajo se ha empezado, pero está a medias. En enero de este año, el Gobierno presentó formalmente el nuevo modelo para el conjunto de las autonomías. Lo que falta ahora es que la propuesta sea una realidad: primero hay que celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y luego hay que llevar la ley al Congreso y encontrar los apoyos necesarios. Mucho camino por delante.
En aquella cita también se asumió el compromiso de que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pudiera «asumir progresivamente competencias» en la gestión del IRPF, un impuesto que actualmente es competencia del Estado. Ese tenía que ser el primer paso para cumplir el pacto de investidura que en su día el president Illa firmó con ERC y que establecía que la Generalitat gestionaría, recaudaría, liquidaría e inspeccionaría «todos los impuestos soportados en Cataluña». Esta cuestión está, hoy por hoy, paralizada por la negativa del Ministerio de Hacienda a hacer cesiones con este tributo. No es un tema cerrado, pero no ha registrado avances.
Oficina de la Agència Tributària de Catalunya en Barcelona. / FERRAN NADEU
El IRPF no fue el único impuesto protagonista de aquel día. También se pactó avanzar hacia un «modelo de gestión compartida» del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT). La Generalitat asegura que ya ha designado y formado a los funcionarios que se encargarán de la gestión del impuesto, pero que aún trabaja para la «adaptación de los sistemas tecnológicos».
20 años de bilateral: 14 reuniones y poca regularidad
El Estatut de 2006 -artículo 183- establece que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat tiene que reunirse al menos dos veces al año. Sin embargo, no ha trabajado con regularidad. Su trayectoria de dos décadas demuestra que solo se ha convocado con gobiernos socialistas en la Moncloa -el ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) se negó a reunirla- y que solo lo ha hecho de forma más o menos regular si en la Generalitat hay gobiernos del PSC.
- José Montilla (2006-2010): Siete reuniones.
- Artur Mas (2010-2015): Una reunión.
- Carles Puigdemont (2016-2017): Ninguna.
- Quim Torra (2018-2020): Una reunión.
- Pere Aragonès (2021-2024): Dos reuniones.
- Salvador Illa (2024-2026): Tres reuniones.
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