La posible desaparición de la tarifa regulada de la luz vuelve a agitar el debate energético en España. La Comisión Europea ha instado al Gobierno a preparar una transición progresiva fuera del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), un sistema que actualmente utilizan millones de consumidores y que, según expertos del sector, permite acceder a precios más bajos que muchas ofertas del mercado libre. La factura de la luz, en el centro de la polémica una vez más.
El cambio afectaría de lleno al bolsillo de los hogares. De acuerdo con cálculos del comparador energético Roams, elaborados a partir de un consumo medio doméstico, pasar del mercado regulado a tarifas similares del mercado libre podría suponer un incremento de entre 18 y 20 euros mensuales en la factura eléctrica.
En términos porcentuales, el encarecimiento rondaría el 35% y el 40%, dependiendo del tipo de tarifa contratada. Actualmente, alrededor de 8 millones de hogares continúan acogidos al PVPC, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“Estamos ante el principio del fin del PVPC tal y como lo conocemos”, explica Sergio Soto, experto en energía de Roams, quien considera que una transición acelerada hacia el mercado libre “podría reforzar todavía más el peso de las grandes comercializadoras”.
El mercado libre elevaría el coste de muchas facturas
La principal diferencia entre ambos modelos está en cómo se fija el precio de la electricidad. Mientras el PVPC está ligado al comportamiento diario del mercado mayorista, las tarifas del mercado libre ofrecen precios más estables, aunque en muchos casos superiores.
Según el análisis de Roams, una vivienda media que actualmente paga alrededor de 51 euros al mes con tarifa regulada podría pasar a desembolsar entre 70 y 72 euros mensuales con ofertas equivalentes del mercado libre.
El encarecimiento se observa tanto en tarifas fijas como en aquellas con discriminación horaria. Esto convierte al posible fin del PVPC en una cuestión especialmente sensible para millones de consumidores que buscan reducir su gasto energético.
Además, el cambio tendría consecuencias más allá del recibo mensual. El bono social eléctrico, destinado a consumidores vulnerables, está ligado actualmente a la tarifa regulada, por lo que cualquier modificación obligaría a rediseñar parte del sistema de ayudas.
Bruselas acelera cambios en el sistema eléctrico
La propuesta europea se enmarca dentro de la estrategia comunitaria para impulsar un mercado energético más flexible y menos expuesto a las fuertes oscilaciones de precios que se vivieron durante la crisis energética de 2021 y 2022.
Sin embargo, el debate no se limita al recibo de la luz. También afecta a la estructura del propio mercado eléctrico. Según advierten expertos del sector, los nuevos requisitos financieros y regulatorios podrían dificultar la supervivencia de pequeñas comercializadoras independientes.
“Las exigencias de cobertura financiera y los controles de riesgo son necesarios para evitar problemas como los que vivió el sector hace unos años, pero también elevan las barreras de entrada”, señala Soto.
Esto podría derivar en un mercado más concentrado y dominado por grandes operadores, reduciendo la competencia efectiva entre compañías.
El autoconsumo añade presión al sistema
Otro de los elementos que preocupa al sector es el crecimiento del autoconsumo. El aumento de hogares con paneles solares está modificando la forma en la que se financian los costes de la red eléctrica.
Al reducirse la aportación de parte de los consumidores a través de los peajes, existe el riesgo de que esos costes terminen repartiéndose entre quienes no pueden instalar placas solares, lo que añadiría más presión sobre determinadas facturas.
Por ahora, Bruselas no ha fijado un calendario concreto para la desaparición del PVPC. Pero el debate ya está abierto y anticipa un cambio profundo en el modelo eléctrico español, con efectos directos sobre precios, competencia y protección al consumidor.
