Las claves
Generado con IA
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La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario es una normativa cuyo objetivo principal es evitar y reducir el despilfarro de comida por parte de los agentes de la cadena alimentaria.
Así, establece que los restaurantes y bares españoles deberán adoptar medidas para evitar dicho desperdicio, como puede ser por ejemplo, ofrecer las sobras en un táper o se verán con importantes sanciones.
De esta manera, también recomienda como buenas prácticas a los locales de hostelería que tomen ciertas medidas de flexibilización como adaptar el tamaño de las raciones en el menú.
Buscando cero desperdicio
La normativa se basa en descartar un tercio de la comida producida a nivel global priorizando el consumo humano y la donación de alimentos por encima de fines industriales y energéticos. Esto además surge de que en España al menos un millón de toneladas de comida al año es desperdiciada, uno de los niveles más altos de la Unión Europea.
La ley entró en vigor el 3 de abril y prioriza la sostenibilidad ante el desaprovechamiento de recursos. Así, todos los establecimientos deben contar con un Plan de Prevención del Desperdicio.
De esta manera, los establecimientos de hostelería están obligados a facilitar a los clientes táperes con la comida sobrante de manera gratuita.
Además de esto, el artículo 13 de la ley establece una guía de buenas prácticas, es decir, es voluntario buscando servir como una hoja de ruta para que bares, restaurantes y supermercados se integren plenamente en la economía circular.
Entre estas medidas voluntarias, habla de flexibilizar los menús para que el consumidor pueda elegir la guarnición o pedir raciones de distinto tamaño, adaptándose a su apetito y evitando que sobre comida en los platos.
Es decir, que estos establecimientos podrán ofrecer raciones pequeñas, grandes o medianas, dependiendo de la preferencia del cliente.
Otra de las recomendaciones incluidas en esta hoja de ruta es la compra sostenible, la donación de alimentos con fines sociales, la gestión de residuos y compostaje, formación del personal para que se impliquen en la prevención y reducción del desperdicio y promover campañas de concienciación.
La ley también obliga a los supermercados a rebajar productos cuya fecha de caducidad o consumo sea próxima.
Así, las sanciones en caso de que haya infracciones graves, como no tener un plan de prevención, parten de los 2.001 euros, pero la reincidencia en estas faltas en un plazo de dos años eleva la sanción a cifras que pueden alcanzar los 500.000 euros.
La idea es vincular a España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y reducir a la mitad el desperdicio en el comercio minorista y el consumo doméstico para el año 2030.
