No es habitual que un documento de política industrial asturiana genere expectativa real fuera de los despachos. La reciente Estrategia Industrial del Principado con Horizonte 2030 lo ha conseguido, al menos en parte, porque llega en un momento en que la industria ha vuelto al centro del debate político europeo con una urgencia que no se veía desde los años ochenta.
La desindustrialización ya no se discute como un proceso inevitable; se discute cómo revertirla. Son 160 páginas, varios meses de trabajo con agentes sociales y económicos, y el respaldo de un departamento que por primera vez reúne en Asturias industria, ciencia y empleo bajo una misma consejería. Vale la pena leerlo con atención.
Lo más valioso del texto es que no embellece la situación de partida. El análisis DAFO identifica con claridad retos que cualquier empresario industrial asturiano reconocería de inmediato: la dependencia de multinacionales cuyos centros de decisión están en Düsseldorf, Pittsburgh o Seúl, la dificultad para retener talento técnico, o la lentitud burocrática en la habilitación de suelo industrial. Nombrar estos nudos con precisión no es derrotismo. Es, sencillamente, el único punto de partida serio para resolverlos.
La alineación con los marcos europeos añade consistencia al conjunto. La estrategia incorpora el Clean Industrial Deal, la Net-Zero Industry Act, la Critical Raw Materials Act y la Ley de Industria y Autonomía Estratégica aprobada en España. En un contexto marcado por la tensión arancelaria con Estados Unidos y las secuelas energéticas de la invasión rusa de Ucrania, ese anclaje sitúa a Asturias en la conversación correcta en el momento oportuno.
El suministro eléctrico ocupa el lugar central que le corresponde. El propio documento lo califica de «clave de bóveda del crecimiento industrial» y recoge casos concretos de empresas que han tenido que suspender planes de ampliación por falta de acceso a red.
Que eso quede escrito en negro sobre blanco en un documento oficial es ya un avance, y una declaración de intenciones que ahora necesita respaldo presupuestario y de la administración central. El anillo central asturiano debe reflejarse en la planificación energética de REE cuanto antes.
El potencial es real. Asturias tiene infraestructura de redes, experiencia acumulada en sectores electrointensivos y una posición costera que abre posibilidades serias en energía eólica marina. Cierto que la oposición social también es real en algunos de estos campos.
La apuesta por el «anillo central», las renovables y el almacenamiento no es solo política energética: debe ser la condición que posibilita todas las demás. Sin energía suficiente y asequible, el resto de la estrategia se convierte en literatura. Y aún estamos lejos de ese punto, a pesar de llevar muchos años con este discurso.
A ello se suma el posible filón emergente de los minerales críticos: la Critical Raw Materials Act reconoce el papel del subsuelo cantábrico en la cadena de suministro de tecnologías limpias, y ese reconocimiento aún no ha encontrado expresión en política territorial concreta, aunque si en la nacional.
En el ámbito financiero, aquí el documento hace algo inusual: reconoce abiertamente que ASTURGAR y la Sociedad Regional de Promoción están muy por debajo de lo que necesita el tejido industrial asturiano. La SRP aprobó en 2024 nuevos préstamos por menos de 1,8 millones de euros (una cifra que contrasta de forma llamativa con las sociedades equivalentes del País Vasco o Galicia). La diferencia no es marginal.
Reconocerlo es el primer paso. El segundo es dotar a estas entidades de verdadera capacidad de aval y crédito participativo, algo que las transformaría en instrumentos reales de política industrial y no en ventanillas de trámite. Esperemos que así sea.
La propuesta de organizar el tejido productivo en torno a ecosistemas industriales (metal, química, energía, agroalimentación, naval y defensa) es conceptualmente la más robusta del documento. Una empresa integrada en un ecosistema regional con proveedores, centros de formación y cadenas de valor compartidas tiene una resiliencia completamente distinta a la de una empresa aislada.
En Asturias, donde los cierres de los últimos lustros han dejado huecos que costará años reconstruir, esa lógica de clúster es especialmente pertinente.
Un ejemplo ilustra la lógica: el sector naval (talleres, ingeniería, logística) ya funciona con esa geometría de interdependencias. Que la estrategia lo reconozca como ecosistema y articule instrumentos específicos no es solo nomenclatura: puede significar acceso preferente a financiación y formación especializada.
La misma lógica aplica al metal en el corredor Avilés-Gijón o a la cadena agroalimentaria del interior. Además, la propuesta conecta con la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, lo que abre la posibilidad de que Asturias se posicione como región piloto. Pocas veces coincide tan bien el marco normativo nacional con las condiciones industriales de un territorio.
Y sin embargo, hay una limitación que conviene nombrar con la misma honestidad que el documento muestra en su diagnóstico: la mayor parte de las diez líneas de acción carece de presupuesto específico, plazos comprometidos y responsables designados. Son marcos de intención bien orientados. Lo que les falta es el siguiente nivel de desarrollo.
La urgencia de algunos retos hace que el salto a la operatividad no pueda demorarse. Cada mes sin un calendario vinculante para el anillo central, sin una hoja de ruta de capitalización para Asturgar o sin un procedimiento simplificado de tramitación de suelo industrial es un mes en que otras regiones amplían su ventaja.
La estrategia incluye mecanismos de revisión dinámica: esa palanca debe activarse cuanto antes. El primer test llegará con el presupuesto del Principado para 2027: si las líneas de esta estrategia no encuentran partidas nominadas en esas cuentas, habrá que concluir que el horizonte 2030 empieza a desenfocarse. Por todo ello, Asturias llega al horizonte 2030 con más activos de los que el relato de declive industrial sugiere a veces: más de 63.000 empleos industriales, un PIB que supera por primera vez los 30.000 millones de euros, una cultura técnica profundamente arraigada y una capacidad de diálogo social que pocas regiones españolas pueden igualar.
La estrategia reconoce todo eso. Ahora hace falta que los plazos, los euros y los nombres propios lleguen al documento. Porque sin ellos, el mapa más preciso del mundo no lleva a ningún sitio.
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