La batalla judicial por el futuro de Wewi Mobile S.L., la operadora eldense conocida comercialmente como Finetwork, ha dado un vuelco que desbarata los planes del gigante Vodafone. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia que tumba el plan de reestructuración mediante el cual Vodafone España había tomado el control de la compañía. El fallo judicial no solo anula la hoja de ruta financiera, sino que ordena de forma inmediata la cancelación de la ampliación de capital en el Registro Mercantil, lo que devuelve la propiedad a sus impulsores originales y aparta a Vodafone del accionariado. El fallo es firme y contra él no cabe recurso ordinario.
La operación ahora anulada pretendía convertir en acciones los 50 millones de euros que la firma fundada por Pascual Pérez debía a Vodafone por el uso de su red, una maniobra que incluso ya había sido presentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, los socios fundadores impugnaron la medida denunciando que se trataba de una toma de control forzosa. Bajo la dirección jurídica del bufete de Blas González, los socios plantearon un recurso que ha terminado convenciendo a la Audiencia. El tribunal les da ahora la razón al considerar que el plan fue homologado por una vía legal incorrecta, subrayando que, al no haber sido aprobado por la junta de socios, el plan debía entenderse legalmente como «rechazado». Además, el tribunal critica que Vodafone no aportara una valoración independiente del valor real de la empresa «en funcionamiento», un requisito imprescindible para imponer un plan de este tipo contra la voluntad de los dueños.
La deuda
Este revés judicial deja en el aire los planes de Zegona (propietaria de Vodafone España), que pretendía cambiar el consejo de administración e inyectar 20 millones adicionales para estabilizar la firma. La sentencia desvela, además, una profunda guerra de cifras: mientras la multinacional cifró la deuda total en 152,8 millones de euros asegurando que el impago crecía a un ritmo de 6 millones mensuales; los fundadores de Finetwork mantienen un arbitraje internacional donde reclaman a la compañía británica otros 152,3 millones por diversos incumplimientos de contrato.
Con la nulidad del plan, la operadora eldense, que en su día fue referente por sus patrocinios a la selección de fútbol y que llegó a negociar su venta al fondo Asterion, regresa a la casilla de salida en una situación financiera crítica. Los fundadores recuperan el mando, pero se enfrentan ahora a cuatro caminos decisivos: confiar en el «balón de oxígeno» del arbitraje para sanear las cuentas sin socios externos; negociar un nuevo plan de reestructuración consensuado con otros acreedores o inversores; el riesgo latente del concurso de acreedores si no se logra estabilidad inmediata; o la incierta batalla en el Tribunal Constitucional donde Vodafone podría intentar revertir el fallo. De momento, la sentencia es de ejecución inmediata y devuelve la gestión de la compañía al Vinalopó tras meses de intervención.
Reacción de Vodafone
Por su parte, la compañía Vodafone ha asegurado que se trata de una decisión «inaudita y sorprendente» que genera incertidumbre jurídica en un proceso que ya había sido homologado judicialmente según la normativa vigente. La empresa sostiene que han actuado conforme a la ley «en todo momento» y ha mostrado su disposición a utilizar todas las vías legales a su alcance para recurrir esta sentencia, incluyendo el Tribunal Constitucional. Además, Vodafone España está valorando otras medias adicionales para defender sus derechos e intereses «legítimos».
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