El pasado mes de marzo de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció que el 14 de abril fallaría sobre la situación de los funcionarios interinos en España. Y, en efecto, así fue. Se presumía que el TJUE resolvería en mayo las dudas sobre la ley de amnistía elevadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, pero ahora fuentes solventes señalan a EL PERIÓDICO que el fallo tendrá lugar en el mes de junio. Se espera que en mayo el TJUE anuncie —según dichas fuentes— la fecha concreta de junio en la que se conocerá la sentencia.
Esas mismas fuentes señalan que, habida cuenta de la decisión del Tribunal Constitucional de resolver los recursos de amparo pendientes (Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont) una vez que el TJUE despeje esas dudas —entre las que se incluye el delito de malversación—, no dará tiempo a resolverlos antes del verano.
Sucede que varios de esos siete recursos tienen como ponentes a magistrados conservadores que se mantendrán en su postura de declarar que la malversación no es un delito amnistiable, según la política aplicada por la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ello conduce a que la mayoría progresista rechace esas ponencias en el Pleno, se designe a otro ponente y su propuesta, favorable a la amnistía, vuelva a debatirse en el Pleno para su aprobación.
Una resolución del TJUE en junio, según esas fuentes, no va a permitir resolver los siete recursos de amparo antes del 31 de julio próximo. El proceso quedará pendiente para septiembre.
Una vez que el Tribunal Constitucional declare conforme a derecho la petición de los siete recurrentes de que la amnistía se les debe otorgar, su aplicación pasará a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Será el juez instructor del procés, Pablo Llarena, quien deberá ejecutar la sentencia.
Es decir, dictar una resolución y, en ella, dejar sin efecto la orden de arresto que él mismo reactivó en España sobre Puigdemont en julio de 2024; o, por ejemplo, anular la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras para participar en elecciones.
El punto de partida, pues, de esta nueva fase de la amnistía es la sentencia del TJUE. El abogado general designado, Dean Spielmann, ya anticipó en noviembre de 2025 su dictamen, que no es vinculante, pero suele ser asumido por los magistrados a la hora de dictar sentencia.
Spielmann desmonta uno de los principales argumentos políticos de la derecha española y del Tribunal Supremo: que la tramitación de la ley de amnistía fue una «autoamnistía», como sostuvieron abogados de la Comisión Europea próximos a las posiciones del PP, o que colisiona con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, cuestiona que la amnistía afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los argumentos por los cuales tanto el juez Manuel Marchena como el instructor Pablo Llarena rechazaron aplicar la amnistía al delito de malversación que recurren los siete dirigentes independentistas señalados. Ambos magistrados llegaron a sostener que la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de 2017, aunque durase “unos segundos”, afectó a esos intereses financieros de la UE. Pero lo que sostiene Spielmann no es la única baza favorable a la amnistía española.
La Audiencia sevillana, desairada
Hace pocos días, la Comisión Europea propinó un sonoro varapalo a la Audiencia de Sevilla, que elevó —»apadrinada discretamente», según fuentes judiciales, por la Sala Penal del Supremo en Madrid— una cuestión prejudicial al TJUE.
En lugar de ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía (anulación de la pena de cárcel para José Antonio Griñán y rebaja de la pena para Manuel Chaves), la Audiencia de Sevilla, tras muchas consultas, decidió cuestionar la capacidad del Tribunal Constitucional para modificar una sentencia del Supremo, habida cuenta de que este tribunal respaldó a esa audiencia. En otros términos, la Audiencia de Sevilla ha intentado convertir al TJUE en una instancia superior en la que litigar a favor de su sentencia original, respaldada por el Supremo y modificada por el Tribunal Constitucional.
¿Acaso eran fondos europeos los que fueron canalizados en los ERE? La Audiencia sevillana, en línea con los consejos recibidos en Madrid desde fuentes de la Sala Penal del Supremo, no basa su planteamiento en esa supuesta procedencia de los fondos. El dictamen de la Comisión Europea, que ha presentado alegaciones, señala que la Audiencia sevillana «no demuestra ni siquiera alega que los fondos de que se trata en el asunto principal (ERE) provengan del presupuesto de la Unión» y destaca que existe «falta de vínculo» con los intereses financieros europeos, por lo que califica esas hipótesis de «puramente hipotéticas».
Cuestión prejudicial
El uso de la cuestión prejudicial ficticia por la Audiencia sevillana ha sido una pieza más en la rebelión de la Sala Penal del Supremo contra las decisiones del Tribunal Constitucional. El dictamen de la Comisión Europea toma nota de esta maniobra al subrayar que no existe un problema sistémico de independencia judicial que justifique la intervención del TJUE y denuncia, de facto, que la Audiencia sevillana ni siquiera se ha tomado el trabajo de mencionar posibles deficiencias estructurales en la organización del Tribunal Constitucional. Por todo ello, propone que el TJUE rechace lo que se ha presentado como una pretendida «consulta».
A la espera de lo que diga el TJUE sobre la amnistía y la malversación —la «ficción» y «entelequia» de la afectación de los fondos europeos por el procés, como lo definió la magistrada Ana Ferrer en su voto particular contra la mayoría de Marchena—, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la malversación es «amnistiable» al desestimar en octubre pasado la cuestión de inconstitucionalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Como los últimos de Filipinas, tras recibir el bastón de mando de Marchena, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, sigue resistiendo, aferrándose a aquella frase de Alicia a través del espejo: «La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda… eso es todo».
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 sobre las cuestiones prejudiciales elevadas en relación con la ley de amnistía, lo cual arrastrará a después del verano la resolución de los siete recursos de amparo ante la decisión del Tribunal Supremo de denegar la amnistía al delito de malversación){kind=link}