El histórico dirigente del PSOE en Andalucía Gaspar Zarrías ha reconocido ante el juez que investiga el ‘caso Leire’ que contrató a la exmilitante socialista para que, en calidad de periodista, realizara una investigación sobre si el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba detrás del inicio de la investigación judicial por los ERE en Andalucía en el que él terminó implicado. Así lo ha explicado el propio exdirigente socialista a las puertas del tribunal de instancia de Madrid, donde ha concretado que esta investiación concluyó que el policía no tenía nada que ver por este asunto, aunque Díez cobró por este trabajo a razón de 4.000 euros durante cuatro meses.
El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervienen en causas abiertas contra el PSOE, realizó esta citación en a requerimiento de la acusación popular en nombre del PP. Según esta parte, se trata de aclarar si Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta en una sociedad que estaba a nombre, Zaño Consultora, con el objetivo de compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.
Pese a que había sido citado a las 10.00 horas, Zarrías llegó algo tarde a la cita judicial y comentó a los periodistas que le esperaban a las puertas del Tribunal de Instancia de Madrid que había tenido un problema con su vehículo. Su citación, en calidad de testigo, se había producido»bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros.
Desde el PP se sospecha que la consultora Zaño, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014– en realidad estaba compensando la labor de esta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.
La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025 / Carlos Luján – Europa Press
El titular de la plaza de instrucción número 9 de Madrid mantiene imputados en esta causa tanto a la exmilitande como al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra un alto mando de la UCO, Antonio Balas y el fiscal Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.
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