La Conselleria de Justicia ha decidido no prorrogar 200 puestos de refuerzo de los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal de la Comunitat Valenciana que vencen el próximo 30 de junio. Y entre los juzgados afectados se encuentran los de Catarroja, donde se suprimirán cuatro plazas y se dejará solo un puesto de refuerzo, precisamente la sede donde se investiga la gestión de la dana y el fallecimiento de 230 víctimas mortales a causa de la catástrofe.
Los puestos de refuerzo se aprobaron para este semestre y vencían al finalizar junio. Y la resolución, firmada el 7 de abril por la directora general de Justicia, Maria Jose Adalid Hinarejos, explica que «se ha considerado no prorrogar los refuerzos» y que finalizará «el nombramiento del personal en dichos puestos». Establece además que el personal afectado deberá consumir antes del 30 de junio los días de vacaciones y asuntos propios generados hasta esa fecha.
La resolución, adelantada por eldiario.es, suprime un total de 105 puestos en la provincia de Valencia, la mayoría en València capital, con 71 puestos incluyendo plazas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía Provincial. En el resto de la provincia, los municipios afectados son Quart de Poblet, con seis puestos suprimidos, junto a Catarroja, Alzira y Gandia, con cuatro plazas; Lliria, con tres; Requena y Sueca, con dos puestos cada una; y Paterna, Sagunto, Torrent, Massamagrell, Mislata y Ribarroja, con una o dos plazas suprimidas en cada caso.
Fuentes de la Conselleria de Justicia explicaron que la medida se adopta «con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía».
Según las mismas fuentes, la decisión «responde a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y a una prioridad compartida por la propia Administración: reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia». Los 200 puestos que no se renovarán «corresponden a refuerzos de larga duración» y su identificación se realizó «con base en un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos que, por su carácter estructural en la práctica, requieren una consolidación definitiva».
La Conselleria subrayó que estos puestos «pasarán a integrarse como plazas estructurales», lo que implica «la creación de 200 puestos estables en la plantilla, reforzando la capacidad del sistema y contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia». La medida, añadieron, «ha sido comunicada y trabajada en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento».
Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del «colapso» que puede producirse en «numerosos» juzgados, «ya de por sí saturados», con una medida que, a su juicio, «supondrá, en la práctica, una merma de plantilla». El sindicato ha lamentado que «quieran ahorrarse 200 sueldos sin tener en cuenta el perjuicio que significa en la atención a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana» y ha señalado que la Conselleria de Justicia «ha dado un paso más allá en medidas que están debilitando plantillas e incrementando la saturación de los juzgados valencianos, que lideran la tabla nacional en carga de trabajo».
CSIF ha remarcado además que la medida «agrava una situación que comenzó en junio del pasado 2025, cuando se prorrogó la incorporación de los refuerzos hasta septiembre y se quedó el verano sin cubrir». El sindicato ha añadido que «posteriormente, en Navidad, y con el pretexto de la conversión de puestos en jefaturas y de la falta de numeración de plazas, se produjo el cese de numerosos profesionales en diciembre» y que «hasta mitad de marzo no cubrieron bajas ni jubilaciones».
El sindicato ha pedido que los 200 puestos se conviertan en estructurales y se oferten «de manera inmediata en comisión de servicio», de forma que «podrían solicitarlas los funcionarios de Justicia y estar cubiertas para el 1 de julio». Ha instado además a nombrar «personal interino para cubrir las plazas que se queden temporalmente vacantes». «Ni los funcionarios destinados en esos juzgados, que habrán de abordar su carga de asuntos con menos plantilla, ni los ciudadanos con asuntos en esos órganos tienen por qué pagar los platos rotos de la falta de previsión de Conselleria», expuso el sindicato en un comunicado.
Con todo, la Conselleria aseguró que «la transición se gestionará de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía». La resolución
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