La Fiscalía ha elevado su escrito de acusación y ha pedido una pena de cuatro años de cárcel para el doctor del centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande) que envió a un régimen de aislamiento al preso Moisés Santana bajo la creencia de que sufría una contractura cervical y fingía un empeoramiento de sus dolencias. Sin embargo, lo que en realidad sufría era un infarto agudo de miocardio. A las dos horas, falleció a solas en su celda sin recibir tratamiento médico.
El Ministerio Público se suma al planteamiento de la familia de la víctima, adelantado en exclusiva por LA PROVINCIA/ Diario de Las Palmas, y considera que el acusado, identificado con las iniciales J. J. C. O., actuó de forma negligente. Entiende que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional al haberse vulnerado los protocolos y la obligación de cuidado exigible en ese contexto. En su escrito de acusación, reclama que se impongan además otras medidas accesorias como seis años de inhabilitación profesional y el pago de indemnizaciones económicas por la pérdida de su familiar a los tres hijos menores de edad, la madre y las tres hermanas del fallecido.
El caso queda así a las puertas de juicio, después de que el juez viera suficientes indicios criminales para dar por finalizada la fase de instrucción. La acusación particular, que ejercen de forma conjunta los letrados Tommaso Garzia y Patricio Rodríguez Herrera, exigen la misma pena y una indemnización que asciende a 990.963 euros. Como responsable civil subsidiario, apuntan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Intensos dolores
Moisés cumplía una condena privativa de libertad. Ingresó primero en la prisión de Salto del Negro pero, tras cumplir una parte del tiempo previsto en la cárcel, tomó la decisión de solicitar su traslado a Juan Grande porque pensaba que así sus condiciones mejorarían y conseguiría antes los permisos para empezar a salir al exterior.
Sin embargo, todo se empezó a torcer el siete de noviembre de 2023. Ese día empezó a manifestar que sufría intensos dolores torácicos que se habían extendido hasta su brazo izquierdo, seguidos de una sensación de adormecimiento en las extremidades superiores. Son algunos de los síntomas que advierten del síndrome coronario agudo.
El doctor acusado interpretó los síntomas como una contractura cervical
Los funcionarios se limitaron a administrarle varias dosis de paracetamol, según infiere la acusación particular, pero los dolores no remitieron. Durante la noche del ocho al nueve no pudo pegar ojo ni él ni su compañero de celda debido a sus gritos, pero ninguno se atrevió a pedir ayuda a través del interfono, que tenían reservado para casos de vida o muerte.
A la mañana siguiente, a las 9:30 horas, fue trasladado por una funcionaria a la enfermería de la prisión. La Fiscalía sostiene que se le practicó un electrocardiograma que reflejó varias anomalías, pero el doctor presuntamente interpretó de forma errónea el cuadro como una simple contractura muscular y lo envió de vuelta al módulo sin realizar nuevas observaciones.
La familia denuncia que no se empleó el estetoscopio, no se le comprobó el pulso ni se le midió la presión arterial. Según esta parte, se omitieron las «maniobras diagnósticas básicas exigibles ante un cuadro clínico potencialmente grave«.
Ausencia de exploraciones
Poco después, el interno sufrió un episodio de pérdida de conciencia y volvió a ser trasladado a enfermería. Allí, conforme al relato de los hechos del Ministerio Público, no se le practicaron las pruebas necesarias ni la exploración cardiaca, llegando incluso a considerar que simulaba los síntomas.
«El doctor manifestó que Moisés ya había sido evaluado y que fingía. Literalmente, lo tumbó boca abajo en la camilla, le dio un golpe en la espalda y le dijo: este tío no tiene nada, llamen al jefe de servicio», relata la acusación particular en su escrito. La observación duró apenas siete minutos y, al terminar la consulta a las 11 del mediodía, el acusado lo mandó a una celda de aislamiento por «alterar el funcionamiento del centro».
La reclamación de la familia asciende hasta casi un millón de euros de indemnización
El reo fue hallado muerto sobre las 13:00 horas. La familia cree que, como estaba solo y no contaba con vigilancia médica, no pudieron auxiliarlo a tiempo. Estas sospechas fueron apoyadas por un segundo informe médico que atribuyó la causa de la muerte a una trombosis oclusiva de la artera coronaria, consecuencia de un infarto agudo de miocardio no tratado.
«No se trató de un error diagnóstico disculpable: el doctor tenía a su disposición medios diagnósticos básicos y suficientes, y omitió deliberadamente utilizarlos», concluye la familia. Bajo criterio de esta parte, su puesto en una prisión implicaba un deber específico de velar por la integridad física de los internos, en especial al encontrarse en un entorno de restricción de libertad que les impide acudir a otros medios externos de auxilio.
De forma paralela, el doctor está implicado en otro procedimiento por la muerte de un reo en 2025, que investiga la justicia para dilucidar posibles responsabilidades penales. Se trata de averiguar si la enfermería del centro no ordenó su traslado a tiempo ni averiguó el origen de su malestar tras haberse quejado de dolencias severas en varias ocasiones.
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