El juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella por cohecho presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el que era presidente del Tribunal Económico Administrativo Central José Antonio Marco Sanjuán, quien dimitió el pasado mes de junio tras aparecer informaciones en las que se le vinculaba con cobros a cambio del archivo de procedimientos fiscales. Su titular, la magistrada María Inmaculada Lova Ruiz, tomará declaración tanto a él como el resto de implicados en el caso entre los días 21 y 22 de mayo, según señalaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.
La Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella después de recibir una denuncia de Manos Limpias que se hacía eco de varias noticias publicadas por ‘El Debate’ consistentes en que un empresario denunciaba haber pagado más de 100.000 euros a Marco Sanjuán para conseguir el perdón fiscal. El departamento fiscal que dirige Alejandro Luzón procedió a abrir diligencias informativas para determinar si, con independencia de las noticias publicadas, había indicios sufientes para proceder a abrir una investigación. Su conclusión fue la interposición de una querella, ahora admitida a trámite.
La denuncia de Manos Limpias atribuía a Marco Sanjuán, además del delito de cohecho, los de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones, actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función. Sostenía que la noticia del empresario que admitía haber pagado más de 100.000 euros al entonces presidente del Tribunal Económico Administrativo era una notitia criminis que obligaba a abrir una investigación penal para proceder a su investigación, dada la responsabilidad que el denunciado tenía en la supervisión de los recursos contra sanciones fiscales interpuestas a empresas.
En su denuncia, el autodenominado sindicato de funcionarios señalaba que Marco había sido nombrado para el cargo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y era una persona de su «máxima confianza»; el Tribunal Económico Administrativo Central depende de la Secretaría de Estado de Hacienda. Argumentaba que la presunta mordida se abonó en sobres en tres momentos en una cafetería próxima al despacho oficial del denunciado. Añadía que habría utilizado su empresa Investment Betancunia y a testaferros para proceder al cobro. También señalaba la existencia de whatsapps entre ambos que, según la denuncia, probarían el pago del soborno.
Los citados en la denuncia son: «Tengo miedo, porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento»; «Antes me escribía dinero, ahora me dice que cuándo quedan a tomar café». Entre las empresas que cita Manos Limpias figura Hidrocarburos Discomtes Valladolidd, sancionada con una sanción de 64.000 euros, y Empresa Refinería Olmedo, con 1,2 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
