El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero ha comparecido en solitario para anticipar las medidas inmediatas que la institución pretende impulsar frente al acuerdo dictado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) hace tan solo 48 horas por el que se acordaba anular de pleno derecho el proceso para adjudicar el contrato de explotación de la plaza de toros de Zaragoza así como los Pliegos que rigen dicho concurso. Una medida que implica directamente dejar a Zaragoza sin toros, al menos, en abril.
Sánchez Quero fue tajante a la hora de hacer la más mínima autocrítica y admitir cualquier responsabilidad en torno a la situación ya que, asegura, “el pliego se estudió concienzudamente antes de publicarlo en el BOP”.
Concertados y con mala fe
En un ejercicio de nula contención también se ha aventurado a calificar duramente a un enemigo invisible pero fácilmente deducible afirmando sin dudar que “parece que concurre verdadera mala fe en la actuación concertada de algunos operadores que responden al mismo interés económico, comparten propósito y han actuado coordinadamente no para proteger un interés individual de cada una de sus empresas, sino el colectivo, con el único objetivo de dilatar o impedir el procedimiento de adjudicación”.
Al tiempo, ha anunciado que los servicios jurídicos de la institución recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el acuerdo del TACPA y solicitarán medidas cautelares para poder seguir adelante con el proceso de licitación e intentar salvar, al menos, la feria de San Jorge, se celebre en tal caso, bien en abril o si el calendario fuese avanzando “incluso en mayo o junio”, ha afirmado el presidente.
Sería este órgano superior el que tendría la potestad de “congelar” el proceso con la intención de que puedan darse toros si hay empresa adjudicataria (también podría darse la circunstancia de que una de las dos supervivientes actuales del proceso, resultando ganadora, declinara ese escenario eventual) y extenderlo después al resto del contrato.
El plan b
Claro que si el TSJA no favorece los intereses de DPZ y definitivamente no caben las medidas cautelares implicaría que habría que ponerse como objetivo la Feria del Pilar para cuya celebración cabría recurrir, ahora sí, una adjudicación mediante subasta pura y volver a convocar de nuevo un concurso en 2027.
