La Comisión Europea ha propuesto este martes modificar la Política Agrícola Común (PAC) para que los países de la Unión Europea (UE) tengan más margen para dar compensaciones a los agricultores afectados por la crisis en Oriente Medio, que está disparando el precio de los fertilizantes.
Como en el caso de la energía, la UE no tiene un problema de suministro de fertilizantes por la guerra en Irán, pero la crisis está provocando que se disparen los precios en el mercado. Y esto sí lo están sufriendo los agricultores europeos, que han visto cómo los costes han llegado a incrementarse en un 71% de media respecto al año anterior.
«La dependencia directa de Europa de las importaciones para Oriente Medio es limitada, pero los fertilizantes son productos básicos globales», ha dicho el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo. «La asequibilidad de los fertilizantes se encuentra ahora en su punto más bajo desde 2022, y esto ya está cambiando el comportamiento de los agricultores«, ha reconocido.
Ayudas a los agricultores
Para paliar el impacto en la agricultura y evitar que esta alza de los precios se acabe traduciendo en un aumento de la inflación, Bruselas ha propuesto, a corto plazo, dar ayudas haciendo uso de la Política Agrícola Común, pero dotándola de más recursos y dando más flexibilidad a los gobiernos para usarlos.
En la práctica, el Ejecutivo comunitario propondrá redirigir fondos europeos para reforzar la reserva agrícola, que actualmente está dotada de unos 450 millones de euros al año, «con una cantidad sustancial» para dar «apoyo sustancial y específico» a los agricultores. Bruselas no ha dado cifras, pero ha anunciado que presentará este proyecto financiero antes del verano para garantizar la liquidez antes del próximo ciclo de producción.
Además, la Comisión propondrá modificar la Política Agrícola Común introduciendo un nuevo sistema de liquidez, dando además más flexibilidad a los gobiernos a la hora de realizar los pagos anticipados. Al mismo tiempo, Bruselas plantea dar incentivos a los agricultores que «reduzcan y optimicen» el uso de fertilizantes o que opten por fertilizantes de base biológica.
«Para la cosecha de 2026, la mayoría de las necesidades están cubiertas, pero crece la preocupación por 2027″, ha reconocido Hansen. «El mercado europeo sigue abastecido para esta temporada agrícola. Y la seguridad alimentaria de la UE no corre peligro«, ha añadido el comisario, que ha matizado que los agricultores necesitan previsibilidad a la hora de tomar sus decisiones de cara a la próxima siembra.
Una política agrícola más verde
Como en el caso de la crisis energética, la exposición de la UE al alza de los precios como consecuencia de la crisis en Oriente Medio tiene más que ver con el modelo productivo que con la crisis en sí misma. Mientras el bloque dependa, en el ámbito de la energía o de los fertilizantes, de combustibles fósiles que no produce, tiene un problema.
Por eso, a medio y largo plazo, Bruselas ha anunciado que fomentará el uso de fertilizantes orgánicos y de base biológica, además de productos minerales tradicionales. Lo hará, además, priorizando aquellos que se produzcan en territorio comunitario.
Además, en la futura reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Carbono, la Comisión ha abierto la puerta a dar flexibilidad a la industria, pero siempre y cuando continúen los esfuerzos para descarbonizar la producción de fertilizantes. A ojos del Ejecutivo esto debería contribuir a «la disponibilidad y la asequibilidad» de estos productos.
Diálogo y vigilancia
La Comisión ha planteado iniciar un diálogo con productores, agricultores y autoridades nacionales para buscar soluciones a problemas relacionados con la producción, la comercialización, el suministro y el uso de fertilizantes. Además, Bruselas vigilará más de cerca el mercado para hacer frente a posibles crisis.
Según fuentes comunitarias, esta crisis podría de hecho ser la primera en activar el mecanismo de la Ley de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior. Esta herramienta, creada tras los problemas de suministro que se vivieron durante la pandemia del covic 19, está prevista para poder tomar medidas excepcionales en caso de crisis.
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