El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este viernes un golpe monumental a la presidencia de Donald Trump y ha echado por tierra la mayoría de los aranceles que ha impuesto el republicano, específicamente aquellos que llamo engañosamente “recíprocos”, que afectan entre otros muchos socios comerciales a la Unión Europea, y algunos de los impuestos a México, Canadá y China.
En una decisión que se anticipaba, especialmente tras la vista de argumentos que tuvo lugar en noviembre en la que jueces conservadores mostraron escepticismo ante los argumentos de Trump, el Alto Tribunal ha determinado que el mandatario ha vulnerado la Constitución al acogerse a la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Externas (IEEPA por sus siglas en inglés) para imponer gravámenes a la mayoría de sus socios comerciales. Concretamente, el Supremo ha dicho que «la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles».
La decisión se ha tomado con la decisión de seis jueces y la opinión en contra de tres de los nueve conservadores: Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh.
Se trata de una sentencia con profundas implicaciones políticas y económicas no solo para Trump y su política comercial y económica, sino para empresas y ciudadanos y también para la economía global.
El 60% de los ingresos por gravámenes que tuvo el año pasado EEUU llegaron por los aranceles impuestos a través de la IEEPA. Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que ha indignado a la Casa Blanca, ha calculado que los ciudadanos y negocios estadounidenses han pagado el 90% de esos gravámenes.
Incluso algunos republicanos en el Congreso han empezado a mostrar su rechazo a la política de Trump, o al menos a intentar recuperar su poder. Este mismo mes seis conservadores votaban en la Cámara Baja con los demócratas a favor de retirar aranceles impuestos a Canadá.
«Promesa de reacción inmediata»
El efecto inmediato que puede tener la decisión del Supremo no está claro. Trump ha asegurado repetidamente que tiene en cartera planes por si se producía esta decisión y se anticipa que tratará de usar otras autoridades para intentar replicar la actual política arancelaria.
Su representante comercial, Jamieson Greer, ha dicho en el pasado que en caso de una sentencia en contra, el gobierno «empezará al día siguiente» a reimponer aranceles «para responder a los problemas que el presidente ha identificado». «La realidad es que el presidente va a seguir teniendo aranceles como parte de su política comercial», avanzaba.
En la transición, los socios comerciales que ya se han visto gravados por Washington o que han negociado acuerdos para tratar de limitar o equilibrar aranceles podrían verse castigados si intentan usar la decisión del Supremo para mejorar sus condiciones o sus negociaciones.
“Cuestión de vida o muerte”
Trump lleva meses diciendo que el caso, que nació del reto legal de varios pequeños negocios a los que se sumaron una docena de estados, es “literalmente cuestión de vida y muerte” para el país.
Ha dicho también que EEUU vivirá un «colapso económico» si se anulan sus aranceles y ha llegado a declarar que se convertirá en una «nación del tercer mundo». Ha defendido repetidamente también que el Supremo debía mantenerlos, argumentando que sin su política comercial EEUU “está virtualmente indefenso contra países que durante años se han aprovechado” del país.
Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendía la estrategia de Trump justo después de que el mandatario volviera a sacudir el mundo con las amenazas arancelarias a Europa por Groenlandia. «La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional«, declaraba Bessent antes de irse a Davos, argumentando que Trump está «usando el poder económico de EEUU para evitar una guerra caliente«.
El caso
En noviembre, cuando el Supremo escuchó los argumentos del caso, la mayoría de los magistrados, y no solo la tres progresistas, habían mostrado escepticismo ante el uso de poderes de emergencia que Trump se ha atribuido para imponer aranceles a las importaciones de prácticamente todos los socios comerciales de EEUU, más de 100 países.
Es el primer mandatario de Washington que, desde que la IEEPA se aprobó en 1977, acude a esa norma para imponer gravámenes. Otros presidentes la han usado, pero para sanciones o embargos.
Entre los magistrados conservadores que cuestionaron la argumentación del presidente estuvo la jueza Amy Coney Barrett. “¿Está diciendo que todos los países necesitan ser gravados por las amenazas a las bases industriales y de defensa? ¿España? ¿Francia? Podría entenderlo con algunos países, pero explíqueme por qué tantos países necesitan esa política de aranceles recíprocos”, le dijo con incredulidad entonces al procurador general, John Sauer.
Tanto la jueza nombrada por Trump como Neil Gorsuch, que llegó al Alto Tribunal también de manos del republicano, cuestionaron también la vulneración aparente de la separación de poderes, pues es el Congreso el que según la Constitución tiene el poder de gravar. Gorsuch advirtió de que podían estar ante “un proceso unidireccional de concentración gradual pero continua de poder en el ejecutivo, alejándolo de los representantes electos del pueblo en el Congreso.»
El argumento que planteó en respuesta Sauer es que el presidente no está usurpando los poderes que la Constitución da a las Cámaras para tasar, sino que está regulando el comercio internacional. Sauer también defendió que el hecho de que los aranceles consigan ingresos es “solo secundario”. Trump, no obstante, constantemente presume de todo lo que está recaudando con los aranceles.
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