Buscaba impunidad, alejarse de la acción de la justicia, continuar a miles de kilómetros de distancia, en el Caribe, una vida nueva en libertad, con una identidad ajena en apariencia, pese a que tenía una grave condena sobre sus hombros. Las consecuencias de sus actos pesan sobre el ourensano Martiño Ramos Soto, detenido hace tres meses en Cuba, donde había construido un nuevo relato como fotógrafo hasta que fue arrestado por la policía de la isla. Allí sigue preso a la espera de la extradición a España. Este profesor y exactivista político, que violó de manera reiterada, e incluso con prácticas sádicas, a una alumna, menor de edad y vulnerable, ha perdido la condición de funcionario de carrera del cuerpo de maestros. Es una decisión del Ministerio de Educación—firma la orden el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez—, adoptada después de la propuesta formulada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, para dar ejecución a la sentencia impuesta a este violador.
Tras el rechazo de los recursos de apelación y de casación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Supremo, respectivamente, en julio de 2025 se declaró firme la sentencia dictada un año antes por la Audiencia Provincial de Ourense. El tribunal le impuso 13 años y medio de prisión, 20 años y medio de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima, además de 8 años y medio de libertad vigilada, así como 21 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores.
Según la resolución ministerial, difundida este lunes en el Boletín Oficial del Estado, el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que «la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere».
El 29 de enero, la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos —adscrita a la Consellería de Educación— propuso la pérdida de la condición de funcionario de carrera del cuerpo de maestros del violador Martiño Ramos Soto. El 9 de febrero, el ministerio acogió dicha solicitud y dictaminó que el ourensano deja de ser funcionario docente, con fecha de efectos de 24 de octubre de 2025, como resultado de la firmeza de la condena, que incluía una pena de inhabilitación absoluta para ejercer de profesor.
Esta novedad en el caso llega mientras se esperan noticias para su entrega desde Cuba a España, para que cumpla en nuestro país los 13 años y medio dictada por la agresión sexual sufrida por una de sus alumnas. Las partes próximas al procedimiento judicial no tienen detalles sobre la situación actual.
Martiño Ramos colaboró con formaciones políticas como En Marea. / XOÁN ÁLVAREZ
Los hechos
El acusado entabló conversación con la víctima a través de una red social, en la que usaba un alias. Tras ofrecerse como apoyo emocional, le pidió fotografías y vídeos íntimos y de contenido sexual. Después de esa fase inicial, y una vez que él le desveló su identidad, empezaron a verse dentro y fuera del colegio y el acusado cometió los delitos sexuales, incluidas violaciones y prácticas de sadismo. La menor contó los hechos al comienzo del curso académico 2021-2022.
La víctima era una menor y él, nacido en 1975, tenía 45 años en el momento de los hechos. Como indicó la Audiencia Provincial en la sentencia, ratificada por el TSXG, «ostentaba una posición de superioridad derivada de la diferencia de edad, de su condición de docente y del ascendente» que ejercía sobre la menor. «Era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima», reprochó el tribunal.
En el colegio llegó a quedar con ella y a agredirla sexualmente dos veces en el baño de las chicas, una ocasión en el aula de música y otra en el aula de informática. Para citarse fuera del centro, le daba instrucciones, precisándole dónde estaba su coche estacionado para que se metiese en el maletero y, de esta forma, viajase escondida.
Los magistrados del TSXG indicaron que la versión de la víctima fue «sólida» y persistente. Además, quedó probado que el acusado contactó con varias menores, alumnas del mismo centro, ocultando su identidad con perfil oculto. «Ha sido abrumadora y contundente la abundante prueba testifical», manifestó el TSXG.
«Las cuestiones planteadas por el recurrente carecen de relevancia casacional, no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas. Especialmente teniendo en cuenta que la impugnación de la sentencia de la primera instancia ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable», se pronunció al Supremo tras el recurso final.
La huida para convertirse en ‘Martín Soto’
Pero en la mente de Martiño ya había cuajado la idea de fugarse antes de que el sistema lo atrapase. Se marchó a Cuba, tras un periplo de huida que lo llevó por Portugal, Brasil y Perú, hasta recalar en La Habana, donde se movía en exposiciones, fiestas y bares, contactando con jóvenes y promocionándose como fotógrafo, en persona y por Instagram, con un nombre ‘retocado’ —Martín Soto—, al igual que su estética, con el pelo y la barba rasurados, pero el mismo bajo la piel.
Martiño Ramos, bailando despreocupadamente en una fiesta en Cuba, días antes de su detención. / IG
No se adoptó ninguna medida judicial cautelar tras la condena inicial, en julio de 2024. Ramos fue suspendido provisionalmente por la Xunta y no pudo iniciar el curso 2024-25, como pretendía. El movimiento feminista presionó activamente para impedir su reincorporación. El 28 de enero de 2025, el TSXG desestimó el recurso de apelación y ratificó la sentencia inicial. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron prisión provisional después de esa segunda resolución. Tampoco medidas alternativas, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o la retirada del pasaporte.
El profesor interpuso recurso de casación. El Supremo inadmitió la acción y la prensa ourensana publicó esa decisión, que abocaba al ingreso en la cárcel del violador. El oficio del Supremo llegó a la Audiencia Provincial el 28 de julio y la condena se declaró firme el 29. Pocos días antes, el 24, la Audiencia tuvo conocimiento de la existencia de indicios de una posible fuga de Martiño Ramos. El tribunal ourensano dio traslado a la Fiscalía de la noticia. El mismo día 24 de julio, la fiscal solicitó la detención y una comparecencia para pedir su ingreso en prisión. La Audiencia ordenó la localización de Martiño, pero ya no estaba en su domicilio.
Uno de los diez más buscados de España
El 15 de septiembre, la Audiencia Provincial dictó una requisitoria de búsqueda y captura. El 31 de octubre cursó la petición de extradición de Martiño Ramos desde Cuba, una solicitud tramitada por el Ministerio de Justicia. Después de que su escondite saliera a la luz con la ayuda de la red social, en las que él mismo se exhibía, creyéndose impune tras los hechos de España, el violador fugado fue detenido el viernes, 21 de noviembre, por la Policía Nacional Revolucionaria. Se sospechaba que intentaba esfumarse de nuevo, tras percibir que su tapadera había caído. Se despidió de sus conocidos más cercanos —su teléfono ya no dio señal— y dejó su casa de alquiler en el barrio de El Vedado.
Fue apresado en cumplimiento de una orden internacional de detención por la agresión sexual a la menor. Era uno de los diez fugitivos de España más buscados. En una prisión de Cuba aguarda a ser entregado a España. El violador Martiño Ramos ya no es profesor.
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