El Gobierno mantiene firmemente su respaldo político al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el hallazgo, por parte de la Policía Nacional el pasado 19 de mayo, de un lote de joyas valorado en 1,3 millones de eurosen la caja fuerte de su despacho. El entorno del exdirigente socialista alega que los objetos —que incluyen collares, pulseras y relojes de lujo— proceden en parte de la herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, y en parte de obsequios institucionales recibidos durante su mandato. Desde Moncloa defienden que el expresidente «no tenía por qué conocer el origen de las piezas» debido a que «el 99% de los regalos pasan por Protocolo», atribuyendo la gestión de estos bienes a los servicios administrativos y no a su destinatario directo.
Este posicionamiento del Ejecutivo coincide con la reciente personación de la Abogacía del Estado en la causa para defender los intereses de la Agencia Tributaria. Dicha intervención judicial se produjo después de que el magistrado instructor del denominado caso Plus Ultra —donde Zapatero ya figura como investigado por el rescate de la aerolínea— abriera una pieza separada al apreciar indicios de un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando, ya que las joyas no constaban en ninguna declaración fiscal. Pese a que la investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer la procedencia y la obligación tributaria del lote —donde también se halló una bolsa con la inscripción de Presidencia del Gobierno—, Moncloa insiste en separar el plano político del judicial, argumentando que la personación de la Abogacía responde estrictamente a una obligación legal y no a un cambio de criterio respecto a su apoyo al expresidente.
