El Gobierno va a trocear en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones. El Ejecutivo pretende reducir los riesgos y votar dos decretos, uno para el escudo social y otro para desahucios, lo que permitiría que las medidas se votaran por separado en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo consultadas por EL PERIÓDICO confirman que aún se negocia, justo antes de un Consejo de Ministros que comienza a las 9 de la mañana.
Con un Gobierno sin mayoría clara de izquierdas, la aritmética parlamentaria es clave y obliga a un juego de equilibrios constante. El decreto con la prórroga del escudo social, donde se incluyó la revalorización de las pensiones, es un claro ejemplo.
El Congreso lo tumbó con los votos de PP, Vox y Junts. Populares y posconvergentes coincidieron en criticar que se mezclase el alza de un 2,7% para las pensiones medias con la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables hasta encontrarles una alternativa para su realojo. Ahora, el Ejecutivo negocia contrarreloj para salvar el decreto y se abre a trocearlo para asegurar que los casi diez millones de pensionistas no vean mermada su nómina de febrero.
Ahora, llos socialistas buscan atraer a Junts en materia de vivienda con mecanismos que ofrezcan más garantías a los propietarios por impago de alquiler. Tanto a nivel de dotación presupuestaria como de agilidad. El Consejo de Ministros ya presupuestó en 300 millones los avales financiados por el Estado para este fin. La línea de ayudas para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables ya formaba parte del Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobó un decreto el pasado mes de diciembre y ahora se ha dotado presupuestariamente.
Se busca así un encaje compaginando la protección de familias vulnerables con la cobertura a los propietarios. El otro comodín tiene que ver con la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, después de que Podemos se abriese a levantar su veto como fruto de su acuerdo con el Gobierno para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta carpeta depende ahora de modificar el preámbulo del proyecto, a lo que se abren los posconvergentes y que Podemos exige para dar su apoyo, eliminando referencias que consideran “racistas”.
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