Aprobada en 2021, la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi o ‘ley Rhodes’) institucionalizó la figura de los coordinadores de bienestar, también llamados antibullying. Es un rol fundamental para el buen clima escolar y el aprendizaje que, sin embargo, sigue sin despegar en España. Un nuevo informe, y ya van unos cuantos, así lo confirma.
Educo, una organización no gubernamental de protección a la infancia, ha publicado este viernes un análisis en el que se constata que los coordinadores están presentes en la mayoría de centros educativos, pero su impacto real es muy limitado. Los motivos: falta de tiempo, formación y compensación económica.
Los coordinadores antibullying siguen sin despegar en las escuelas cuatro años después de la ley
El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, ha reiterado en diversas ocasiones su intención de reforzar la figura, algo en lo que está completamente de acuerdo la nueva ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, partidaria de cubrir este rol con profesionales especializados y no con el primer profesor que tenga un hueco. Sin embargo, ninguno de los dos ministerios ha presentado, de momento, un plan específico.
«El coordinador de bienestar ayuda a prevenir y encauzar todo tipo de violencias: el acoso escolar, la violencia intrafamiliar o la sexual. Son alertas tempranas que, si no se atienden, pueden convertirse en situaciones graves»
Canarias, Galicia y Cataluña son los pocas autonomías en las que se ha establecido un complemento salarial. El informe de Educo destaca que Andalucía se limita a regular la figura con instrucciones, sin disponer de liberación horaria ni complemento económico, lo mismo que sucede en la Comunitat Valenciana.
Galicia sale algo mejor parada ya que su normativa es “sólida” y gozan de funciones detalladas y cierta liberación horaria, aunque excluye la tapa de los 0-3 años. Madrid tiene una formación obligatoria de 40 horas, pero no hay ni garantía de liberación horaria ni complemento retributivo. Euskadi apuesta por varias iniciativas (Bizikasi y equipos BAT) que incluyen formación obligatoria. Sin embargo, asumen una acumulación excesiva de funciones. Bastante peor es la situación en Castilla y León, donde, según el informe, ni siquiera tienen normativa al respecto.
No existe una única normativa que obligue a tener esta figura con los mismos requisitos en toda España
«El coordinador de bienestar ayuda a prevenir y encauzar todo tipo de violencias: el acoso escolar, la violencia intrafamiliar o la sexual. Permite detectar lo que a veces no se ve, como cambios de conducta o relaciones dañinas. Son alertas tempranas que, si no se atienden, pueden convertirse en situaciones graves», explica Mónica Viqueira, especialista en protección de Educo.
Ausencia de normativa estatal
Lanzado con motivo del día escolar de la no violencia y la paz, el informe alerta sobre brechas territoriales que ponen en riesgo la igualdad en la protección. Para empezar, no existe una única normativa que obligue a tener esta figura con los mismos requisitos en toda España. Madrid, Asturias y Navarra solo se emiten circulares a inicio de curso. Algunas comunidades como Canarias, Cantabria y Extremadura establecen tramos de disponibilidad horaria vinculados al tamaño del centro (de 2 a 5 horas semanales), mientras que otras como Aragón, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha asignan una bolsa general de horas que los equipos directivos distribuyen a su propio criterio. Asturias ha ampliado recientemente las horas asignadas a esta figura, y Galicia permite asignar hasta dos sesiones lectivas y dos complementarias fijas. Sin embargo, en territorios como Andalucía, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla no se establece ni un mínimo de tiempo, lo que compromete la capacidad real de esta figura para cumplir su función.
«No basta con nombrar a cualquier profesor o profesora para salir del paso. Como figura crucial para la protección de la infancia y la adolescencia, debe tener unos conocimientos mínimos y se le tiene que asignar tiempo, formación y todos los recursos que necesite. Sin eso, tenemos una obligación legal que no se está traduciendo en una protección real de niños y niñas», insiste Viqueira.
Etapa 0-3 años, la gran ausente
Educo pone el acento en que el primer ciclo de educación infantil (etapa 0 a 3 años) y las enseñanzas de régimen especial siguen prácticamente excluidas del despliegue, pese a ser ámbitos críticos para la prevención y la detección precoz.
El informe también denuncia la ausencia de mecanismos de coordinación externa con servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad, así como la falta de estándares internacionales de protección infantil en la mayoría de las normativas. «No basta con reaccionar ante la violencia; hay que prevenirla. Y eso requiere planificación, coordinación y compromiso político. Y urge porque la violencia contra la infancia es un problema grave y creciente. Sus secuelas se arrastran toda la vida», concluyen los técnicos que han elaborado el informe.
Ante esta realidad, Educo propone tres medidas urgentes. La primera, garantizar dedicación horaria proporcional al tamaño y a la realidad del centro. La segunda, formación continua y certificada. En concreto, articular tres niveles: uno básico para toda la comunidad educativa, otro intermedio para quienes ejercen la coordinación de bienestar y protección, y otro avanzado y adaptado a la complejidad del centro. La tercera es el reconocimiento económico para los que ejercen este rol.
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