¿Absolución o condena? Las espadas siguen en alto y ahora es responsabilidad de la sección tercera de la Audiencia de València dirimir quién gana y quién pierde esta batalla: si el fiscal antidroga de València, que ha insistido este martes en la condena a 167 años de cárcel a los 14 presuntos narcos acusados de importar y distribuir 1.650 kilos de cocaína -en realidad, 1.533, porque 117 se los dejaron dentro del contenedor- en agosto de 2020 a través del Puerto de València, o los abogados especializados en la defensa de narcotraficantes de alto nivel que en esta última sesión del juicio volvieron a enarbolar la bandera de los derechos fundamentales y la ilegalidad de la prueba, los mensajes desencriptados de Sky ECC, para solicitar la absolución de todos sus clientes.
La cuestión no va a ser fácil. No es blanco o negro. ¿Porque no hay pruebas contra ellos? En absoluto. De hecho, las evidencias sobre que estos acusados y no otros son quienes estaban detrás de la importación de esa droga son tan palmarias, a juicio del fiscal, que esos «miles de mensajes que se cruzaron entre ellos, con fechas, fotos y todo tipo de detalles decían tanto de sí mismos que eran un auténtico narcodiario». Entonces, ¿dónde está la duda? En las formas, dicen las defensas, representadas por lo más granado de los penalistas valencianos a los que recurren los primeros espadas del narco. Como aperitivo, las palabras de uno de ellos, Andrés Zapata, en referencia, sobre todo, al trabajo del juez de Instrucción 1 de Valencia, que llevó la causa: “Este letrado espera que esta instrucción se estudie en todas las facultades como referente de lo que jamás se debe hacer”.
Eso, una batalla jurídica -en ocasiones, especialmente densa por dilatada que la presidenta del tribunal intentó frenar en vano- es lo que ha sido la quinta y última sesión del juicio histórico contra 14 de los 17 presuntos narcos -de los otros tres, uno está fugado y los dos restantes, ambos camioneros, fallecidos- apresados a partir de los mensajes de Sky ECC.
«Se identificaron ellos mismos»
El primero en hablar ha sido el fiscal especial antidroga, que con un discurso ágil y directo ha defendido en su informe que en esta causa no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de ninguno de los acusados porque, afirma, no se han intervenido las comunicaciones a nadie, ya que esos mensajes presuntamente incriminatorios son interceptados en Francia, donde se alojaba el servidor de Sky, con todas las garantías que exige la ley de ese país, mientras que lo que llega a España es ya una mera prueba documental fruto, además, «de un hallazgo casual».
Los 14 acusados, en el banquillo, ocultan sus rostros durante la última sesión del juicio por la trama de Sky. / Fernando Bustamante
El representante del Ministerio Público expuso que Sky ECC fue intervenida e investigada porque era «una plataforma criminal que ideó un sistema de mensajería destinada sobre todo a organizaciones criminales» y que en las conversaciones, los usuarios aparecen identificados con un código alfanumérico (un pin) y con un sobrenombre (nickname), por lo que la labor de la Guardia Civil fue realizar una investigación superficial con los primeros datos de los que les iba informando el equipo policial conjunto que destripó el algoritmo secreto de Sky y solo cuando aparecieron las evidencias es cuando solicitaron al juez 1 de València que tramitara la Orden Europea de Investigación (OEI) en la que solicitaban acceder a los mensajes relativos a ese envío de 1.650 kilos de cocaína al puerto valenciano.
Admitió que el juzgado no fue quien realizó la descarga a partir del enlace enviado por la jueza francesa, sino que se lo encargó a la Guardia Civil, pero insistió en que las posibles incorrecciones no alteran el resultado final ni lo invalidan porque no se vulneró ningún principio jurídico fundamental. Y fue directamente a defender los resultados: «Es un disparate. Han sido ellos mismos quienes se identifican. No hay lenguaje velado ni jeroglíficos. No los hay cuando uno de ellos pide un pasaporte croata falso, y cuando lo detienen, resulta que lleva ese pasaporte; ni cuando otro manda una foto mientras le hacen la manicura; otro envía las notas de sus hijos poniendo lo nombres; o foto de una multa con su nombre; o cómo cuentan cómo van repartiendo la droga en la nave a la que la llevaron y a cuánto se la dejan a cada uno; cómo hablan descaradamente del reparto del dinero que van cobrando; cómo van a repartirse diez kilos que les han dejado a precio de origen a seis de ellos… ¡Es que es un narcodiario! Solo con leerlo ya se ve que son ellos».
Ataque defensivo desde todos los frentes
Tras el informe del fiscal, llegaron los de los ocho letrados, Miguel Ferrer, Patricia Cogollos, Julio Sánchez, Juan Carlos Navarro, Andrés Zapata, Vicente Boluda, Miguel Ángel Vilata y Francisco Vicente Martínez. Todos defendieron la invalidez de la prueba y reclamaron la absolución para los acusados.
Como ya hicieron en la primera sesión del juicio, se han vuelto a emplear a fondo para invalidar lo que más daño les hace: esos miles de charlas encriptadas a través de un sistema de telefonía que prometía opacidad absoluta a sus 150.000 clientes en todo el mundo hasta que un equipo policial de Francia, Bélgica y Países Bajos lo hackeó entre febrero y marzo de 2021 dejando 900 millones de mensajes totalmente al desnudo.
El primero en hablar fue precisamente el abogado del presunto líder de la organización, Fernando M. S., el penalista Miguel Ferrer. Con un discurso duro y muy crítico, especialmente contra los agentes del EDOA que defendieron su trabajo en el juicio -«es inadmisible su proceder», ha llegado a afirmar- y contra el fiscal, volvió a pedir la absolución basada en que la única prueba de cargo, es decir, esas conversaciones, se obtuvieron de manera ilegal. «Es una vulneración flagrante de la legislación española y europea», ha expuesto.
Investigación prospectiva
Ferrer ha criticado no solo el proceso de hackeo original, sino, sobre todo, el modo en que ha sido llevada la investigación por parte de la Guardia Civil, de la Fiscalía y del juzgado. Ha hablado de «investigación prospectiva», de mutilación del derecho a la defensa de los procesados porque se les ha negado una y otra vez, por parte de todos los operadores jurídicos, el acceso a los mensajes originales almacenados en algún servidor francés o neerlandés, lo que, mantiene, les ha impedido comprobar la autenticidad e integridad de esos mensajes que sirvieron para identificar a los 14 acusados e imputarles esos 1.650 kilos de cocaína.
El letrado se apoyó constantemente en el informe pericial estrella firmado por dos peritos expulsados de otros procesos judiciales, como el Caso Taula, por ejemplo, que defendieron en el juicio su dosier, poniendo en entredicho la autenticidad e integridad de los mensajes y hablando de posible manipulación de los contenidos, dos argumentos que ya han utilizado en otros procesos en los que, como en este, han sido contratados por los acusados.
La descarga de los datos
En su alegato, Ferrer también afeó al instructor del atestado haber negado que ellos descargasen la copia original desde el enlace enviado por la Justicia francesa o haber dicho que ellos la entregaron al juzgado en cuatro CD y haber negado la existencia de un pendrive, cuando en esta sesión el fiscal ha admitido lo contrario y cuando en el sumario consta el documento, que ha leído, en el que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) dice haber recibido ese pen. También que decidieron «por su cuenta y sin supervisión» haber renunciado a pedir un pin que en el primer envío les había llegado de manera errónea.
Ha desgranado una sucesión de «irregularidades» que van desde que los archivos digitales no llevaban firma ni autenticación, que la descarga se hizo «en la Comandancia de la Guardia Civil, sin ningún fedatario público que velase por el proceso ni las herramientas forenses que garanticen la inalterabilidad de los archivos», que hubiera mensajes expurgados [por afectación a la intimidad de terceros] por los agentes sin supervisión judicial o que «ocultaran y omitieran informar de las desapariciones de una carpeta completa y la de la agenda».
Por todo ello, concluyó que «salvo que queramos asumir una vulneración palmaria, esto no es material probatorio, con una documental en esas condiciones. Por eso, entendemos que es imposible una sentencia condenatoria».
«No hay garantía de inalterabilidad»
Los demás letrados se adhirieron al extenso informe de Miguel Ferrer y aportaron algunas otras ideas para reclamar, en todos los casos, la absolución de sus clientes. En este sentido Juan Carlos Navarro, abogado de Iván T. R., uno de los presuntos cabecillas en otra trama de narcotráfico, la del Cártel del Puerto, insistió en la vulneración de derechos fundamentales que supone «la falta de control judicial» en la parte inicial del proceso, la que sirvió para obtener la prueba de cargo, «precisamente por la idiosincrasia del contenido de los datos» y recalcó que «no hay garantía de inalterabilidad».
En un sentido parecido se manifestó Andrés Zapata -abogado del otro acusado principal, Onofre R. G., y de su sobrino-, quien, con cierto toque de ironía, quiso «felicitar el esfuerzo titánico del fiscal por intentar sostener una prueba que se cae«, de lo que ha responsabilizado al juez de Instrucción: «Es que no cumple ni con la normativa de cómo se debe tramitar la OEI». Tras lo cual enumeró hasta una decena de lo que llamó «fallos/errores/tachas» a lo largo de toda la instrucción.
«Concatenación de vulneraciones»
Criticó «la parcialidad del EDOA» y la vulneración de los plazos por parte del juez, para acabar afirmando que en la causa hay «tal concatenación de vulneraciones de derechos fundamentales que, aunque cada una es suficiente para invalidarla, si las vemos en conjunto es imposible que haya una sentencia condenatoria».
Y remachó: «Este procedimiento lesiona de tal forma la posición del individuo frente al Estado que condenar en estas circunstancias sería inasumible desde un Estado de Derecho porque incidiría sobre el propio concepto de Estado de seguridad y el Derecho Penal. Por eso demando», defendió, «una sentencia absolutoria»
Los 14 acusados, ayer, ocultan sus rostros durante la primera sesión del juicio por la mensajería Sky. / Levante-EMV
Elevar consultas al Tribunal de Justicia
En términos similares se manifestaron los demás letrados en sus turnos de informe, concluyendo que la prueba debe ser considerada nula, lo que debería abocar al tribunal, en su opinión, a una absolución general de los 14 acusados. O, en su defecto, trajo a esta sesión Patricia Cogollos, que los magistrados que están enjuiciando este caso, el primero de cuantos llegan a juicio en España con los mensajes de Sky como única prueba de cargo, planteen una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la posible vulneración de derechos de la operativa policial para reventar Sky, algo que no parece demasiado probable.
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