La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein que el martes aprobó a una velocidad inusitada el Congreso de Estados Unidos solo necesita ya para empezar a aplicarse de la firma de Donald Trump, que ha prometido estampar su rúbrica.
Esa firma pondrá en marcha un ansiado proceso de desclasificación de documentos de la trama de explotación sexual de mujeres jóvenes y menores que orquestó durante décadas Jeffrey Epstein, un rico inversor con relaciones con incontables figuras de círculos de poder, fama e influencia y que se quitó la vida en 2019 en una celda tras ser imputado con cargos federales.
Estas son cinco claves de la norma y de lo que rodea a este caso, un quebradero de cabeza para Trump. El republicano hasta ahora había incumplido las promesas de campaña de desclasificar todo el material (algo que podría haber hecho sin esperar al Congreso) y se ha visto forzado a respaldar la ley al constatar que políticos republicanos estaban dispuestos a romper con él, en respuesta a un clamor creciente por la transparencia de las bases del movimiento MAGA, con las que se ha abierto desde hace meses una brecha que se profundiza.
La legislación, que presentaron en verano el congresista republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a poner a disposición del público todos los documentos relativos a Epstein y a su socia Ghislaine Maxwell que están en manos del Departamento de Justicia.
Bondi tendrá un plazo de 30 días desde la firma para esa publicación.
Los documentos que abarca la ley, y que son distintos de los que ya ha desclasificado el Congreso obtenidos, por ejemplo, de los herederos de Epstein, incluyen, entre otros, registros de vuelo del avión privado de Epstein (que se bautizó como el ‘Lolita express’), memorandos, comunicaciones, metadatos y acuerdos de inmunidad.
La norma estipula también que todo el material debe presentarse de tal manera que pueda ser descargado y debe tener un formato que permita búsquedas.
La ley establece que algunos documentos podrán publicarse con ediciones. Podrá, por ejemplo, protegerse información que permitiría identificar a víctimas así como material que describa o retrate actos de pederastia. La fiscal general también puede guardarse o proteger información personal o médica de víctimas, imágenes de muerte o abuso y, lo que abre un frente problemático, que se explica en la clave número 5, cualquier información que ponga en peligro una investigación en activo.
Se da un plazo de 15 días a Justicia para que presente al Congreso información sobre qué se ha censurado en el proceso y la justificación para esas ediciones.
Una de las metas principales que tenían los promotores de la legislación es que vean la luz entrevistas que el FBI hizo con víctimas como parte del proceso de investigación que llevó a la presentación de cargos federales contra Epstein en 2019. (El pederasta ya había sido imputado, pero con cargos estatales, en Florida en 2008 pero logró condiciones muy laxas y un acuerdo judicial muy favorable).
Ese material es parte del que Trump prometió en campaña que haría público, pero una vez que llegó al poder fue dando marcha atrás.
En verano un memorando de Justicia y el FBI afirmó que las agencias habían llegado a la conclusión de que no existía una “lista de clientes incriminatoria” de gente que hubiera pagado a Epstein por el tráfico y la explotación de las mujeres. En ese mismo documento se afirmó que “no hay pruebas creíbles de que Epstein chantajeara a personas prominentes”. Se llegaba asimismo a la conclusión de que no había que desclasificar nada más y se alegaba para argumentarlo tanto la privacidad de las víctimas como órdenes emitidas por tribunales.
El único republicano que voto el martes contra la propuesta de ley en la Cámara Baja, el representante de Luisiana Clay Higgins, mostró su temor a que se dañe la reputación de personas inocentes que aparecen citadas en la investigación pero que no hicieron nada ilegal. es un argumento similar al que mostró el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, aunque acabó votando por la ley.
Khanna, el demócrata copatrocinador de la ley junto a Massie, declaró: “No me despierta mucha simpatía si ibas a la isla de las violaciones de Epstein y se hace público tu nombre”.
Trump, por su parte, insiste en que todo el escándalo alrededor de los archivos de Epstein es una «patraña» que agitan los demócratas para desviar la atención de los triunfos de su Administración en este segundo mandato.
Antes de dar un giro el fin de semana rindiéndose a la evidencia de que legisladores republicanos iban a contribuir a sacar adelante la ley pese a su oposición, Trump había dicho que el respaldo a la norma era un «acto hostil» y acusó a los conservadores que apoyan la desclasificación de ser «débiles«.
Que los archivos vean completamente la luz es incierto, pese a la ley.
La semana pasada, y después de que Trump le instruyera públicamente a abrir una investigación de la relación con Epstein de destacadas figuras y aliados demócratas, la fiscal general Bondi puso en marcha esas pesquisas, incluso aunque en julio su Departamento había llegado a la conclusión de que no había ninguna prueba que ameritara la apertura de una investigación contra terceras partes que no hubieran sido imputadas aún.
Ahora se duda de si Justicia podría citar esa investigación, a cuyo frente Bondi ha puesto al fiscal neoyorquino Jay Clayton, para no hacer públicos determinados documentos.
Bondi este miércoles ha eludido responder a preguntas directas y en una rueda de prensa ha repetido varias veces que su Departamento “seguirá cumpliendo la ley con máxima transparencia”.
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