P. tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de grado 1 y retraso madurativo así que su familia solicitó la ayuda a la Dependencia sin pensar que, dos años después, les llegaría una resolución que les otorgaba un grado 0, es decir, nada. La valoración de la Dependencia por parte de los servicios sociales se realizó cuando P. tenía 3 años (que fue cuando tuvo el diagnóstico) y la edad del pequeño tuvo vital importancia, ya que en la resolución se indica que obtiene muy pocos puntos porque todos los niños pequeños «son dependientes». La familia se vio obligada a acudir a los tribunales, donde la jueza les ha dado la razón y le ha otorgado al niño un grado 2 de Dependencia.
Desde los servicios jurídicos de la Coordinadora en Defensa de la ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana aseguran que casos como el de P. «no son la excepción». «Hay una estrategia de la Administración en no reconocer la dependencia a los niños en general, pero sobre todo en niños de 0 a 6 años. Tienden a escudarse en que todos los niños son dependientes, pero todos sabemos que nada tiene que ver la dependencia de un niño sin discapacidad a la de un niño con autismo u otras necesidades», explica la abogada Sandra Casas.
El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales afirma que uno de los principales problemas en las valoraciones de la Dependencia es que las realizan trabajadores sociales de los servicios municipales tras recibir una formación concreta mediante un curso por determinadas horas «para tener los conocimientos que nosotros damos en cuatro años». Por ello, reivindican que sea esa figura profesional (la de terapeutas ocupacionales) la que se encargue de las valoraciones que se realizan aplicando un baremo y en entrevista presencial.
Valoraciones «más precisas y adecuadas»
«Los trabajadores sociales deben seguir con la función del informe social, pero la valoración presencial la deben realizar terapeutas ocupacionales porque nosotros solo con el diagnóstico ya sabemos cómo va a estar la situación y podemos realizar una valoración más precisa y adecuada. Por ejemplo, cuando el usuario va en silla de ruedas el grado de dependencia que dan los trabajadores sociales suele ser el máximo, y no tiene por qué ser así porque puede que esa persona tenga las adaptaciones que le facilitan su autonomía. Por el contrario, hay quien piensa que si la persona se mueve y habla, pues ya es autónoma. Y no es así. Puede que tenga capacidad para lavarse los dientes, pero que si no recibe indicaciones no se los lave y que sea más dependiente que quien va en silla de ruedas. Hay que valorar todos los casos y nosotros recibimos formación para saber hacerlo«, explica la presidenta del Colegio oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana, Inmaculada Íñiguez, tras recalcar que así funciona en otras comunidades autónomas. «La aplicación del sistema de la dependencia en la Comunitat Valenciana se diseñó mal, no se corrigió con el cambio del gobierno del Botànic y ahora tampoco parece que lo vayan a cambiar. Así, se ha perpetuado que profesionales que no son terapeutas ocupacionales realicen las valoraciones, lo que ha llevado a una ineficacia total porque se tarda mucho tiempo y luego hay reclamaciones», añade.
Para explicar el caso de P. la presidenta del colegio valenciano de terapeutas ocupacionales lo tiene claro. «A un niño pequeño sin dificultad alguna le enseñas, y él va aprendiendo. En cambio, en un niño con algún tipo de discapacidad el ritmo de aprendizaje no es el mismo y, además, ese aprendizaje se tiene que hacer a través de un profesional, porque no funciona ‘el modelado’ (el adulto lo muestra y le guía, y el niño aprende). Un niño que tiene dificultades (sensoriales, físicas o cognitivas) necesita una buena valoración para que pueda mejorar sus capacidades. Pero para que eso pase debe haber un profesional que le capacite. Si un niño está bien valorado tendrá los apoyos que necesita para poder aprender», explica Íñiguez.
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