El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa en el que pide a la Sala Penal del Supremo que le absuelva del delito de revelación de secretos a la prensa de datos tributarios relativos al empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
En el escrito, en el que reivindica su inocencia, considera que el «núcleo esencial» de la información relevante fue desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», y recalca que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas.
De esta manera, García Ortiz señala al Gobierno de Ayuso. Y también a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Sobre Rodríguez afirma que, utilizando los medios propios de su función institucional, diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política contra Ayuso, de la que eran partícipes la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
Por este motivo, propone las testificales de González Amador y Miguel Ángel Rodríguez.
«Rompió la confidencialidad»
En su defensa, el fiscal general combate el relato de las acusaciones y señala que fue el abogado de González Amador, Carlos Neira, el que «rompió unilateralmente cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico de 2 de febrero de 2024».
En este documento, de cuya filtración se acusa a García Ortiz, Neira admitía que «ciertamente» su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.
El escrito de la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, indica que Neira envió ese correo, en el que planteaba llegar a un acuerdo de conformidad, a la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que tienen acceso 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios.
Además, Neira lo reenvió a un abogado del Estado, que no estaba encargado del asunto, el correo que previamente había enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos.
Relato cronológico
En su texto de defensa, la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, insiste en su inocencia y en que no hay delito porque lo único que hizo fue reaccionar, «en el legítimo ejercicio de sus competencias», «para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación».
La defensa rechaza el relato del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que se muestra convencido de que, la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la Ser -que informó a las 23:23 horas- el correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de ese año a Fiscalía ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales por los que estaba investigado a cambio de un pacto.
Para negar este argumento, la Abogacía realiza un relato cronológico -desde el 23 de enero de 2024, cuando Fiscalía comenzó a investigar a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese año, cuando difundió la nota de prensa con el intercambio de emails entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto-, que a su juicio evidencia que «no existe ninguna conexión lógica» entre la publicación del citado email en la Ser y García Ortiz.
La defensa expone que fue la información publicada por eldiario.es el 12 de marzo de 2024, y que sus periodistas tenían desde el día 6 -conforme declararon-, sobre la existencia de una investigación contra González Amador, lo que dio lugar a «una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia».
Señala a Miguel Ángel Rodríguez
Para ello, describe, se construyó «un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid».
La Abogacía sitúa el foco en las acciones llevadas a cabo por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «al menos desde las 19:00″ del 13 de marzo de 2024, cuando envió a «un número no determinado de periodistas» por WhatsApp una serie de mensajes donde «se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo».
Y subraya que, «además de hacer circular entre los periodistas su versión tergiversada de los hechos», «en hora no determinada del 13 de marzo de 2024», puso en contacto a González Amador con un periodista de El Mundo, asegurando que «fruto de la conversación que ambos mantuvieron, y de la documentación que se le hizo llegar», ese periódico publicó esa «información tergiversada».
Añade que, a las 22:41 de ese 13 de marzo, Rodríguez «reiteró, esta vez públicamente, sus graves acusaciones contra la Fiscalía, publicando en su cuenta de X que ésta había tenido que retirar por ‘órdenes de arriba’ la oferta de acuerdo que antes le había hecho a González Amador».
La defensa de García Ortiz sostiene que, «con la noticia publicada a las 21:29, fue El Mundo el que reveló tres datos esenciales: que González Amador reconoció ante la AEAT los hechos que dieron lugar a la denuncia por delitos fiscales; la existencia de una propuesta de conformidad; y el contenido de dicha propuesta».
«En consecuencia, El Mundo trasladó a la opinión pública la existencia de correos electrónicos entre el letrado de la defensa y la Fiscalía de Madrid, así como el núcleo esencial de las informaciones relativas a González Amador», afirma.
En este punto pone de manifiesto que, «hasta la publicación de esta información, el fiscal general desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador», enfatizando que «no fue sino hasta las 23:44» del 13 de marzo cuando «recibió el correo electrónico cuyo entrecomillado transcribía el artículo publicado por El Mundo«.
Sobre esto, explica que lo publicado por El Mundo provocó en Fiscalía, «primero, el desconcierto por lo que se estaba publicando y, después, la preocupación por la confusión que se estaba generando sobre los hechos y, sobre todo, por la imputación pública de graves irregularidades en la actuación de la Fiscalía».
Por eso, esgrime, García Ortiz «decidió activar con carácter urgente» la dación de cuenta en el seno del Ministerio Público para averiguar «los hechos reales».
De esta forma, precisa que a las 21:59 del 13 de marzo recibió el grueso de los emails entre Fiscalía y la defensa de González Amador, incluido el de 2 de febrero, si bien recalca que no fue hasta las 23:44 cuando tuvo la cadena completa, al recibir en ese momento el de 12 de marzo al que aludía El Mundo.
La defensa entiende que fue «la estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid» lo que «desencadenó dos procesos independientes pero que se desarrollaron de forma paralela en el tiempo», concluyendo con la publicación de una información que González Amador denunció como revelación de secretos.
Así, indica que, «por una parte, se suscitó un gran interés informativo», en torno a la noticia del diario.es y las consecuentes reacciones políticas, «que impulsó a todos los medios de comunicación a una intensa actividad investigadora, fruto de la cual algunos de ellos lograron obtener de sus fuentes y publicar el correo electrónico de 2 de febrero».
«Por otra parte, y al margen de lo anterior, el fiscal general se vio en la necesidad de averiguar la realidad de lo que había acontecido y, al recabar la información obrante en la Fiscalía, recibió también el correo electrónico de 2 de febrero», completa.
El borrado del móvil
El escrito de la Abogacía alude asimismo a lo que Hurtado considera un indicio contra García Ortiz: el borrado de su móvil y de su cuenta personal de Gmail.
La Abogacía reitera que el primero lo venía haciendo con «regularidad» por seguridad y atribuye el segundo y el cambio de teléfono a que se hicieron públicos y empezó a recibir mensajes «hostiles».
Además, rechaza perjuicio alguno a González Amador, resaltando que, «con posterioridad a la difusión de los correos electrónicos relativos a las negociaciones de conformidad», esta posibilidad «todavía sigue abierta».
Respecto a la prueba de cara al juicio, propone las testificales de González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, entre otros, y rechaza la del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que pide una acusación popular.
