Dice la Real Academia Española (RAE) que un «bulo» es una «noticia falsa propagada con algún fin». Y en la primera semana del curso político, en Aragón las cosas siguen casi igual. Ni se ha descifrado la acogida de menores migrantes, ni si el PP tendrá la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los presupuestos de 2026, ni se ha concretado la llegada de los bienes de Sijena a la comunidad autónoma desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Sin embargo, hay algo que está claro: Aragón no aceptará la condonación de la deuda que plantea el Gobierno de España y que supondría liberarse de 2.124 millones de pasivo de un plumazo.
El pasado martes, el Consejo de Ministros marcó el inicio del curso político con una medida que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vendió casi como un regalo para las comunidades autónomas. Una «medida excepcional» y única, casi una medida de gracia, para perdonar los pecados del despilfarro a las comunidades autónomas. Pero antes de que explicara los detalles del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ya había salido públicamente a rechazarla e insistir en la versión oficial del PP: que es «nociva» para los intereses de Aragón y que solo beneficia a los catalanes, para quienes se diseñó inicialmente.
A la voz de Azcón se sumó enseguida la de la portavoz parlamentario del PP, que anunció desde el Congreso en nombre de todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares que «ninguna» aceptaría la quita. Y con este panorama casi cabe la pena preguntarse qué margen de maniobra tienen en el PP los barones regionales para salirse del guion que marca Génova, y hasta dónde llega la queja por un agravio real o la estrategia política. En este ambiente, a sabiendas de la tensión y la confrontación que marcan la política actual, Montero cargó sin piedad contra el PP, que se opondrá a una de sus medidas estrella, que fue pactada de antemano con ERC y que se hace extensiva al resto de comunidades. Con la asunción de más de 80.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, un volumen equivalente a la suma de los presupuestos anuales de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Aragón, el Gobierno central defiende que se liberarían unos «6.700 millones de euros del pago de intereses», lo que, insisten, podría destinarse a incrementar el gasto social de las comunidades autónomas.
Miles de millones
Desde Aragón, el consejero de Hacienda calificó de «bulo» estas palabras e insistió en que «si no se modifican las reglas de gasto, la cuantía no se podrá destinar a gasto social, porque la ley marca que se tendrá que destinar a amortizar deuda». Así, una versión y otra, como músicas contrapuestas, siguen sonando a la vez en un cruce de reproches que deja la incógnita de dónde quedan los intereses de Aragón y los contribuyentes aragoneses en toda esta guerra política. Y dónde queda la reclamada reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Aragón y sus dificultades para financiar unos servicios públicos de calidad a pesar de la despoblación, el envejecimiento y la dispersión de la población.
Esos 2.124 millones que podrían liberarse de la deuda aragonesa son una cuantía casi equivalente al presupuesto anual aragonés para Sanidad (2.839 millones de euros) y supera con creces el de Educación (1.565 millones). Pero más allá de las cifras y de los bailes de números, cabría pedir a los representantes políticos que busquen, aunque sea para encontrar esa excepción que confirme la regla, algún espacio para el diálogo, si el acuerdo es mucho pedir.
La confrontación es ya tal entre el Gobierno de Aragón y el de España –y viceversa– que cuesta discernir en qué asuntos la oposición es real o es ya todo tacticismo político. A uno y otro lado no hay presupuestos a la vista, la debilidad parlamentaria persiste y, mientras, los aragoneses observan la llegada de milmillonarias inversiones sin que ello se traduzca en una mejora nítida de los servicios públicos. Si esta quita no es lo que necesita Aragón, ¿a qué esperan unos y otros a sentarse a dialogar para encontrar las respuestas que sí beneficien a esta tierra?
