En los días finales de noviembre de 2014, el Congreso de los Diputados aprobó una ley (28/2014) de esas que mezclan unas cosas con otras. Entre otras cuestiones, atendía las demandas canarias y modificaba aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF) en su parte fiscal.
El entonces ministro de Hacienda y hoy investigado por su supuesta participación en una trama de corrupción, Cristóbal Montoro, daba así una de cal a su archienemigo y compañero de gabinete José Manuel Soria después de sonados enfrentamientos por cómo debía abordarse el déficit de tarifa eléctrico acumulado en los últimos años. Había trampa. El paquete de leyes también incluía el beneficio fiscal que demandaban los clientes de Equipo Económico.
Según la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, el exministro de Hacienda solo se desligó de Equipo Económico en apariencia
Este es el nombre del despacho que fundó Montoro y de cuya actividad, según la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, solo se desligó en apariencia cuando tomó la cartera ministerial. El modus operandi descrito en el sumario que responde a la investigación del juez Rubén Rus era sencillo.
Las empresas acudían a Equipo Económico, pagaban diez veces más que a otra consultora y se garantizaban que alguien descolgaba el teléfono para susurrar al oído del entonces responsable de las arcas del Estado el camino por el que debía transitar la labor legislativa. El éxito de las operaciones garantizaba hasta el cobro de bonus, los conocidos como success fee, según las investigaciones lideradas por los Mossos D’esquadra.
Miradas inquisidoras
Sin embargo, no siempre era sencillo llevar a buen puerto esas operaciones. Y menos aún preservarlas de miradas inquisidoras. Aquí es donde entra en escena el canario José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo en aquel primer Gobierno de Mariano Rajoy. Cuando llegó a su despacho, se encontró con un déficit de tarifa que rondaba los 26.000 millones de euros. No solo eso, también con unos mimbres que aseguraban que esa mareante cifra iba a continuar creciendo en los años sucesivos.
La fórmula puesta sobre la mesa por el político canario pasaba por que todos los actores afrontaran el agujero. Parte se repercutiría en el presupuesto estatal, otro trozo de la amarga tarta iría a la factura que pagan los consumidores y, por último, también las empresas tendrían que ayudar en esa difícil digestión. El problema es que algunas de estas habían pasado por la sección de cobro de minutas de Equipo Económico. Y Montoro dijo no.
Montoro rechazó la fórmula de Soria para aminorar el déficit de tarifa, que incluía un esfuerzo de las eléctricas
Esa negativa, no obstante, tenía poco que ver con la discreción. Tener un enfrentamiento abierto con un compañero de gabinete no es lo mejor si se quiere continuar operando en la sombra a futuro. Además, el tiempo corría y las compañías miembros de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) investigadas –Air Liquide, Abello, Messer Ibérica, Praxair y Carburos Metálicos– preguntaban por lo suyo.
Hacía apenas un año, otra reforma fiscal (ley 16/2013) incluyó a las «actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50% del coste del producto, entre aquellas que podían beneficiarse de la reducción del 85% de la Base Imponible del Impuesto Eléctrico», según se recoge en el sumario. Las aludidas compañías pertenecientes a Afgim se quedaron fuera.
Cambio de criterio
Fue cuando decidieron recurrir a los servicios de Equipo Económico, lo que colocó a Montoro en la tesitura de tener que volver a cambiar la recién estrenada norma. «Esta modificación, además de beneficiar claramente el tipo de industrias asociadas a la Afgim, (…) significaba un cambio en el criterio del legislador, dado que tan solo un año antes había excluido estas mismas actividades del citado beneficio impositivo», señala la investigación. Dicho de otro modo, en menos de un año y, presuntamente, en pos del beneficio, le tocó decir que lo que era blanco se había vuelto negro del todo.
Todo con el añadido de encontrarse con la mirada de Soria en cada reunión del Consejo de Ministros y en muchas de las sesiones de control al Gobierno celebradas en el Congreso de los Diputados. Algo tenía que idear y el REF fue el mejor modo que encontró para deshacer el embrollo en el que se vio metido.
El sumario destaca que una ley se cambió en solo un año para atender los intereses de las gasistas investigadas
Hacía tiempo que el Gobierno autonómico –CC y PSOE en ese momento– y las empresas canarias demandaban una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF). La mayoría absoluta de la que disponía el PP en Madrid restaba interés a la atención que recibían esas peticiones. José Manuel Soria, que presidía a los conservadores de las Islas, sí tenía interés.
Dicho y hecho, Cristóbal Montoro preparó un hatillo legal en el que incluyó cambios en el REF para adecuarlo a las directivas que cocinaba Bruselas en ese momento. Su enemigo Soria quedaba desactivado, tenía que verlo con buenos ojos, incluso en el caso de que se llegara a enterar de que entre norma y norma había algo sucio.
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