El gobierno de Santiago recibió un nuevo varapalo en el Pleno ordinario de este jueves al no conseguir sacar adelante el reconocimiento extrajudicial de crédito necesario para hacer frente al pago de facturas pendientes del año 2024 a empresas que prestan el servicio de transporte urbano por valor de casi 3 millones de euros. La abstención de los cuatro ediles no adscritos y los votos en contra del PP hicieron insuficiente el respaldo de BNG, CA y PSOE para dar luz verde a la medida.
En la sesión se debatieron agrupados los cinco puntos relativos a estos pagos, correspondientes a deudas de 2,5 millones con Tralusa, más de 400.000 euros con Autocares Rías Baixas, más de 272.000 euros con Autos Carballo, más de 114.000 euros con Hermanos Ferrín y más de 61.000 euros con Autos Grabanxa. El PP votó en contra de los dos primeros pagos, lo que impidió su aprobación. Su abstención en los otros tres, la misma postura adoptada por los no adscritos en las cinco votaciones, sí permitió dar luz verde a esos abonos pendientes.
Imagen de una votación en un pleno pasado / Jesús Prieto
Verea: “Non vai contar cos nosos votos para as súas trapalladas”
El portavoz del Partido Popular, Borja Verea, cargó con dureza contra la gestión del gobierno de Goretti Sanmartín, al que acusó de cometer una “irregularidade” en una Xunta de Goberno en septiembre de 2023, al adjudicar “a dedo 12 autobuses por unha cantidade millonaria e tempo ilimitado”.
Verea aseguró que los interventores albergan “dúbidas” sobre la acreditación de los servicios correspondientes a estas facturas y remarcó que “non vai contar cos nosos votos para aprobar as súas trapalladas”. Además, subrayó que está valorando remitir la documentación correspondiente a los “órganos competentes en materia de anticorrupción e responsabilidade contable”.

Varios buses urbanos circulan por la Virxe da Cerca / Antonio Hernández
Urgen la licitación del nuevo contrato
El edil no adscrito Gonzalo Muíños, que en el anterior pleno había justificado su abstención en el pago de la factura a Autocares Rías Baixas por “falta de diálogo”, esta vez reconoció que sí hubo comunicación con el gobierno, pero él y las otras tres concelleiras no adscritas mantuvieron su postura. “Imos facilitar a abstención coa nosa abstención, non podemos responder polo que voten outras formacións políticas”, señaló. Además, acusó a Sanmartín de ponerse “de perfil” en cuestiones relevantes cuando estaba en la oposición.
Por su parte, la socialista Marta Abal aseguró que el voto a favor de su grupo se fundamenta en que los servicios fueron prestados y el Concello tiene “a obriga de pagar as facturas”. Tanto la concelleira del PSOE como Muíños recordaron al ejecutivo que el nuevo contrato de transporte está pendiente de licitar. “É urxente”, proclamó Abal, mientras que Muíños instó a agilizar los pliegos para “regularizar” esta situación.
Sanmartín: “Non é a situación ideal”
La alcaldesa hizo uso de la palabra para afirmar que la prestación del servicio mediante este formato “sabemos que non é a situación ideal, pero era a fórmula posible para non deixar a cidade sen liñas de autobuses”. En esta línea, le preguntó a Verea si esa sería la opción que él elegiría en caso de estar en el gobierno.