El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín ha admitido a trámite una querella por un presunto delito de homicidio imprudente por la muerte de seis personas en la localidad albaceteña de Letur a finales de octubre de 2024 como consecuencia de la dana. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la querella ha sido presentada por la representación legal de las familias de cuatro de los seis fallecidos.
La querella es por presunto delito de homicidio imprudente, del que pudieran ser responsables las administraciones públicas con competencias relacionadas con los hechos, pero no se dirige en concreto contra ningún cargo.
Las primeras diligencias tramitadas por el juzgado han sido la remisión de oficios a varias entidades públicas solicitando información relacionada con los hechos que se recogen en la querella: Ministerio del Interior, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Aemet, Confederación Hidrográfica del Segura y Ayuntamiento de Letur.
Las fuentes del Tribunal Superior de Justicia han señalado que en este momento el juzgado está a la espera de recibir la información solicitada. Seis personas murieron en Letur como consecuencia de la dana de octubre de 2024.
El referente de la causa de la dana en Valencia
La admisión a trámite de esta querella abre la investigación judicial que, en el caso de las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la dana en Valencia, está centralizando la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja. Tras meses investigando, Nuria Ruiz Tobarra es quien ha ido llamando a declarar a las diferentes autoridades y técnicos en calidad de imputados, como el caso de la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, o bien como testigos, como la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; y justo ayer citó a los alcaldes de Algemesí y Utiel o varios cargos de la Aemet.
Al igual que ha sucedido en la causa abierta en Valencia, será ahora el juzgado de Hellín quien, en función de la información recabada durante la instrucción, tenga que analizar y decidir, primero, la compentencia en la emergencia de cada una de las administraciones.
