El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger Pérez, propietaria de una vivienda centenaria pendiente de demoler por Costas, contra el auto que autorizó la entrada en el inmueble de la Cueva de la Negra, en el municipio sureño de Pájara.
Asimismo, el Juzgado deja constancia de la documentación incorporada al procedimiento como la comunicación del Ayuntamiento de Pájara solicitando la suspensión de la demolición, las alegaciones relativas al informe de la Guardia Civil y el informe técnico aportado por la representación de Pascuala Roger, de los que se da traslado a la Administración demandada para su conocimiento, informó la familia afectada en un comunicado.
La familia Roger ha recordado, además, que el propio auto recurrido establece garantías y límites para la entrada en el domicilio y obliga a la Administración a dar cuenta al Juzgado del acto y de cualquier incidencia que pudiera producirse durante su ejecución.
Ante esta situación, la familia de Pascuala Roger pide expresamente a la Demarcación de Costas que no lleve a cabo la actuación prevista para el próximo lunes día 21 y que se abstenga de cualquier intervención en la Cueva de la Negra hasta que se resuelva el recurso de apelación que ya ha sido admitido a trámite.
Desde el entorno familiar de la familia afectada considera que, estando pendiente una decisión judicial sobre el propio auto que autoriza la entrada, Costas debe esperar a que el recurso sea resuelto antes de ejecutar una actuación que podría producir consecuencias irreversibles y dejar sin efecto práctico la tutela que se solicita a los tribunales.
Silencio institucional
Asimismo, la familia ha lamentado que, pese a las medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura para la protección de la vivienda, su entorno inmediato y el subsuelo, no conste en esta resolución una personación del Cabildo en el procedimiento ni una intervención directa de la institución en defensa de sus propias medidas cautelares ante el órgano judicial.
Por otra parte, la familia Roger lamenta además que, ante una situación de esta gravedad y a escasos días de la actuación anunciada por Costas, «ni el alcalde de Pájara ni la presidenta del Cabildo de Fuerteventura se hayan puesto en contacto con la familia para interesarse por su situación o trasladarle personalmente las actuaciones que están desarrollando».
La familia considera «especialmente doloroso» este silencio institucional en un momento de máxima incertidumbre, al tiempo que reclama que no se lleve a cabo ninguna actuación material en la vivienda el próximo lunes. n
