En las semanas en las que el nombre de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de la lucha por una vivienda digna y coherente con la realidad económica del país, se han aplazado al menos tres desahucios en la Región. Pero Maricarmen es solo la punta del iceberg de un problema que azota a Murcia desde distintos frentes: alquileres inasumibles, familias al límite y personas mayores que se enfrentan a perder su casa sin encontrar una alternativa. Ante estas situaciones, organizaciones como el Sindicato de Vivienda de Murcia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se convierten en un apoyo fundamental para las familias, desde el acompañamiento y el asesoramiento hasta la búsqueda de soluciones y la presión para frenar los desahucios.
«Si el juez lo ordenaba, nos íbamos a la calle con lo puesto»
Antonia Mayol Peñarver, vecina de Alcantarilla, tiene 64 años y vive junto a su hija, Vanessa, de 37, y su nieto, de 19. Las tres generaciones afrontan un procedimiento de desahucio después de que un fondo de inversión adquiriera la vivienda y rechazara, según relata, negociar un nuevo alquiler.
Antonia y Vanesa apoyada por miembros de la PAH en el último intento de desahucio / Israel Sánchez
La vivienda, ubicada en la Avenida Martínez Campos de Alcantatilla, había sido alquilada durante años por Antonia, que pagaba alrededor de 250 euros al mes. Sin embargo, asegura que no fue informada de la venta del inmueble al fondo. «Llegó el banco y compró el piso y yo no me enteré», explica. «Vinieron un día con un papelito rosa, dos personas, que teníamos que irnos». El episodio provocó, según cuenta, un ataque de ansiedad a su nieto.
El lanzamiento estaba previsto para el 22 de septiembre, pero finalmente se paralizó después de que interviniera la Delegación del Gobierno, con la presencia y mediación de la PAH.
El juzgado planteó entonces como fecha límite el 31 de diciembre, aunque, según Antonia, el procurador les advirtió de que el procedimiento seguiría abierto. Nos amenazó con que «si el juez lo ordenaba, nos íbamos a la calle con lo puesto», asegura. La expresión que más recuerda es todavía más gráfica: «Nos dijo que si bajábamos con un cepillo de dientes, tal cual, nos íbamos a la calle». Unas amenazas que han agravado el estado de salud de las inquilinas: «Igual salgo a por el pan y cuando quiera volver no puedo entrar», lamenta con nerviosismo.
Uno de los aspectos que contribuye a la ya traumática experiencia del desahucio es una presencia policial desproporcionada frente a quienes pretenden echar. Algo que, en este caso, no fue una excepción, Antonia recuerda que durante el último intento de lanzamiento acudieron cuatro coches de policía: «Fue como si fuéramos terroristas», cuenta.
A la incertidumbre por el desahucio se suma la situación económica y familiar. Antonia está de baja laboral y percibe unos 800 euros mensuales, mientras que su hija tiene reconocida una incapacidad permanente total y cobra alrededor de 600 euros. Vanessa padece, entre otras enfermedades, artrosis, epilepsia y el síndrome de cascanueces.
La alternativa que les han planteado ronda los 700 euros mensuales y sería, además, un tercero sin ascensor. Una cantidad que la familia considera inasumible con sus ingresos.
La precariedad inquilina
Bienvenida Esmeralda Villar García tiene 27 años y comparte piso con otras cuatro personas. Llegó a la vivienda, situada en el barrio de La Fama, hace aproximadamente un año y medio y, desde entonces, ha tenido que hacer frente a conflictos continuos con la propietaria. El primero, y uno de los más importantes, parte de una situación que todavía hoy no han conseguido regularizar: «No tenemos contrato«.
Bienvenida en su piso de alquiler, que comparte con otras cuatro personas sin contrato / L.O.
El problema comenzó cuando, pocos meses después de instalarse, la casera comunicó a los inquilinos que quería subirles el alquiler. Hasta entonces pagaban alrededor de 190 euros por habitación y la propietaria justificó el incremento por ‘la llegada del nuevo curso escolar’ y ‘el aumento de los precios’. El momento coincidió además con la instalación de un termo eléctrico que los inquilinos habían reclamado porque el anterior no funcionaba.
Fue entonces cuando acudieron al Sindicato de Vivienda de Murcia para informarse sobre sus derechos. «Queríamos tener la reafirmación o el apoyo de gente que sí que sabe», explica Bienvenida.
Con esa información, comunicaron a la propietaria que no aceptarían el incremento y le exigieron que formalizara un contrato de alquiler. La casera, sin embargo, se negó y tampoco ofreció una alternativa.
A esto se sumaron las condiciones de la propia vivienda. La instalación eléctrica del inmueble, antiguo, no estaba preparada para soportar la potencia que requería el nuevo termo eléctrico. Durante alrededor de un mes y medio sufrieron constantes cortes de luz. «No podíamos poner la calefacción, el horno, ni el microondas. Era todo muy precario», explica Villar.
Los inquilinos comenzaron entonces a acudir con frecuencia a las asambleas del Sindicato de Vivienda de Murcia, donde recibían asesoramiento sobre los pasos que podían dar.
La situación se complicó todavía más cuando una de las compañeras abandonó el piso. La propietaria decidió entonces introducir a dos personas en una misma habitación, asegurando que sería algo temporal. «Ha pasado un año y seguimos siendo cinco personas aquí», explica Bienvenida. A las nuevas inquilinas se les había planteado inicialmente un alquiler de 250 euros por habitación, pero al mes siguiente la propietaria quiso elevarlo hasta los 320 euros, subida que se negaron a aceptar y por lo que presentaron una denuncia contra la propietaria.
Ahora el conflicto permanece aparentemente paralizado, aunque la situación sigue siendo precaria.
En todo este proceso, el Sindicato de Vivienda de Murcia ha desempeñado un papel fundamental para los inquilinos del piso, no solo por el asesoramiento recibido, sino por haberles permitido conocer sus derechos y afrontar las conversaciones con la propietaria desde una posición diferente. «El sindicato ha sido imprescindible para nosotros, cuando lo hemos mencionado mi casera ha retrocedido en las cosas que estaba diciendo«.
Murciano en la Puerta del Sol
Franklin Vázquez Solís es murciano, tiene 28 años y lleva unos meses viviendo en Madrid. Los motivos por los que acampa en Sol son el resultado de los problemas que encontró con la vivienda en la Región, donde llegó a mudarse hasta tres veces en dos años, una muestra, a su juicio, de las dificultades que afrontan los jóvenes para encontrar un alquiler estable y asequible.
El murciano Franklin Vázquez en la acampada de Sol por el derecho a la vivienda. / Franklin Vázquez
Asegura que no conoce una vida adulta sin problemas con la vivienda. Ese cansancio es precisamente el que le ha llevado a participar en la acampada de la Puerta del Sol. Vázquez asegura estar harto de comprobar cómo, año tras año, el precio de los alquileres aumenta mientras las posibilidades de los jóvenes para acceder a una vivienda se reducen.
Cuando empezó la universidad, en 2016, ya recuerda haber visto cómo el coste de la vivienda crecíaalcanzar unos niveles inasumibles incluso para quienes tienen un empleo: «Los jóvenes convivimos constatemente con el umbral de la pobreza. En diez años que llevo viviendo esto no se ha hecho absolutamente nada en cuestión de vivienda», afirma. «Lo de Maricarmen es la punta del iceberg de políticas que no protegen a la sociedad frente a los desahucios ni la subida de alquileres». En su opinión, las ayudas existentes siempre han sido ‘parches’ que nunca han estado a la altura de la realidad social.
Tanto en Murcia como en Madrid, para entrar en una vivienda estándar y gestionada por una inmobiliaria, Franklin calcula que pueden ser necesarios unos 2.000 euros entre fianza, avales y otros gastos. Una barrera que se añade a la incertidumbre de no saber cuánto tiempo podrán permanecer en el mismo lugar: «Renunciamos a hacer planes a medio y largo plazo».
La posibilidad de que aumente el alquiler, tener que cambiar de habitación o atravesar un periodo sin ingresos hace que no pueda proyectar con tranquilidad su futuro. «No puedo pensar en una familia, no puedo pensar en independizarme por mí mismo solo, impensable, impensable«, explica el joven.
El murciano, de origen ecuatoriano, reclama además que el debate sobre la vivienda tenga en cuenta a las personas migrantes y a quienes se encuentran en situación administrativa irregular: «La gente migrante o sin papales las debe estar pasando muy canutas. No se está hablando de eso».
){kind=link}