Más de la mitad de los chicos migrantes que a lo largo de 2026 se han alojado en los centros de menores resultaron ser mayores de edad. En concreto, el 51%. Los datos del Gobierno de Canarias apuntan a que, de los 556 menores acogidos por las Islas este año y cuya edad estaba en duda, 530 fueron declarados mayores de edad tras someterse a las pruebas de determinación de la edad. En estos casos, cuando no puede establecerse con seguridad si una persona es menor, es la Fiscalía la encargada de ordenar el procedimiento para determinar su edad y dictar posteriormente una decisión final. El resultado en los jóvenes tiene una consecuencia directa. Quienes son considerados mayores de edad dejan de estar bajo el sistema de protección de menores y pasan a formar parte de los recursos de atención y acogida estatales, lo que, en algunos casos, puede implicar su traslado a la Península.
«Estamos preocupados porque se está produciendo una circunstancia que ya se dio en el año 2023. Volvemos a poner el acento, y así se ha trasladado a Fiscalía y al Ministerio de Infancia, en la preocupación que hay en Canarias por esta realidad. La Comunidad Autónoma no puede acoger a personas visiblemente mayores que, por manifestar que son menores, entran en el sistema de protección y, después, cuando se realiza todo el procedimiento de determinación de la edad, resultan ser adultos», denuncia la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.
Los datos no son números aislados. Su relevancia aumenta si se tiene en cuenta que, de los 530 menores que posteriormente resultaron ser mayores de edad, 370 (el 47%) habían sido trasladados desde centros de adultos. Fue una vez en estos recursos cuando, explica Rodríguez, manifestaron ser menores de edad, por lo que pasaron a disposición de Canarias: «Desde la Comunidad Autónoma se está haciendo el esfuerzo de realizar las pruebas de determinación de la edad, a pesar de que no se establece como obligatorio, para evitar trasladar a ningún posible menor dudoso que pueda ser mayor».
La contingencia migratoria
Todo ello se produce mientras las Islas mantienen la contingencia migratoria tras triplicar su capacidad de acogida. A esta situación se suma el incremento de embarcaciones precarias que parten desde distintos puntos de África occidental y en las que también viajan menores y jóvenes que deben ser atendidos por el Archipiélago en una red ya tensionada. Solo en la última semana, las Islas han recibido a 128 menores migrantes. «Son cifras importantes», reconoce Rodríguez. Según lo estipulado por la ley, la capacidad ordinaria del Archipiélago se sitúa en torno a los 782 menores. Ahora mismo hay 2.600.
Las expectativas se sitúan ahora en los traslados exprés a la Península. Una vía habilitada precisamente porque el Archipiélago se encuentra en contingencia migratoria y reservada para los menores que van llegando a las costas canarias y que, al menos sobre el papel, deben abandonar la Comunidad Autónoma en un plazo de 15 días. En la práctica, ese límite se ha superado en numerosos casos y el procedimiento ha llegado a prolongarse durante más de un mes, con todo lo que ello ha supuesto para una red de acogida sobredimensionada y ya saturada. «Confiamos en que los menores sigan saliendo. Lo que pasa con respecto a los chicos que llegan al Archipiélago es que tienen que ser atendidos por España. Hay que dar una respuesta como país», subraya Rodríguez.
Eso sí, mientras se determina la edad real, los jóvenes son considerados menores a efectos legales, por lo que Canarias asume temporalmente su tutela. Esto sitúa al Ejecutivo autonómico como responsable de su cuidado, protección, alimentación y alojamiento.
El triaje de menores
Otro de los puntos en los que Canarias mantiene su demanda es la fase de triaje de los menores, es decir, la primera etapa de identificación y evaluación tras su llegada a las Islas. El Gobierno regional reclama al Estado que asuma esta competencia, al entender que se trata de una competencia suprautonómica que se desarrolla en la frontera exterior. Actualmente es la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional la encargada de realizar este procedimiento, al que además la Comunidad Autónoma nunca ha tenido acceso.
Con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), el pasado 12 de junio, se estableció que durante esta fase todos los menores deben estar acompañados por un representante que garantice sus derechos. Por el momento, todo lo que rodea a esta medida son incógnitas y preguntas sin respuestas. Desde el Ejecutivo regional se ha remitido un escrito al delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, pero, al menos por el momento, no se ha obtenido respuesta por parte del Estado, que, según critica el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, «sigue sin asumir su responsabilidad en el triaje de edad y sigue enviando a Canarias a adultos como si fueran menores».
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