El Gobierno afronta este viernes una votación clave en el Congreso de los Diputados después de que Junts haya anunciado su rechazo a los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. La formación independentista ha pedido al Ejecutivo que retire los textos y negocie una nueva propuesta, una petición que Moncloa ha rechazado, por lo que ambos decretos serán sometidos a votación en el Pleno que comienza a las 11:00 horas.
La decisión de Junts fue adoptada por unanimidad este jueves por la noche. El partido considera que «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden» y sostiene que pueden reducir la oferta de vivienda en alquiler, elevar los precios y dificultar el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica. Por ello, reclamó la retirada de ambos decretos y la elaboración «de inmediato» de un nuevo texto.
El Gobierno, sin embargo, ha decidido mantenerlos. Según el Ejecutivo, los decretos se han trabajado durante meses con los diferentes grupos parlamentarios y contienen medidas destinadas a frenar la especulación, facilitar el acceso a la vivienda, impulsar el alquiler asequible y proteger frente a los desahucios. Moncloa sostiene además que las medidas no perjudican a los pequeños propietarios.
El Ministerio de Vivienda también ha salido al paso de los argumentos de Junts y niega que los textos vayan a reducir la oferta de vivienda. El departamento que dirige Isabel Rodríguez asegura que se han incorporado algunas de las exigencias planteadas por la formación catalana durante la negociación y destaca los incentivos fiscales destinados a movilizar vivienda actualmente fuera del mercado.
DOS DECRETOS Y APOYOS DIFERENTES
Los dos textos se votarán por separado y llegan al Congreso con apoyos distintos. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, reúne el grueso de las medidas aprobadas por el Gobierno e incluye, entre otras cuestiones, una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028, la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, medidas de protección de los arrendatarios y cambios fiscales.
El PNV ha anunciado un apoyo «crítico» a este primer decreto porque considera que protege a las personas vulnerables e introduce mejoras para los pequeños propietarios, aunque lo califica de «parche puntual con muchas carencias». Podemos y otros socios parlamentarios del Ejecutivo también han avanzado su respaldo.
La situación es más complicada para el segundo texto, el Real Decreto-ley 27/2026, centrado en los contratos de alquiler de vivienda habitual y que establece medidas para favorecer su continuidad, entre ellas la prórroga de determinados contratos y nuevas condiciones para su renovación. El PNV votará en contra al considerar que las medidas pueden resultar contraproducentes y retraer la oferta de alquiler.
La negativa de Junts se suma al rechazo anunciado por PP y Vox. En el caso del primer decreto, los siete votos de la formación catalana son determinantes para su convalidación, mientras que el segundo ya afrontaba importantes dificultades por el rechazo de otros grupos.
EL GOBIERNO FUERZA LA VOTACIÓN
Pese al escenario parlamentario adverso, el Ejecutivo ha optado por no retirar los decretos. Moncloa considera que «lo más conveniente es someterlos a votación» y ha defendido que el Congreso debe pronunciarse sobre unas medidas que, según el Gobierno, responden a la actual crisis de vivienda.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente los textos y ha situado la votación como una elección entre distintos modelos de política de vivienda. Desde Junts, en cambio, insisten en que su rechazo no supone renunciar a adoptar medidas, sino que reclaman al Ejecutivo que rehaga las normas y presente una propuesta diferente que puedan respaldar.
La votación tendrá lugar en un contexto de fuerte movilización social por la vivienda, con protestas y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Los dos reales decretos ya están en vigor tras su publicación, pero necesitan la convalidación del Congreso para mantenerse.
