La educación inclusiva en centros ordinarios sigue siendo una asignatura pendiente del sistema. Ocho de cada diez familias con hijos con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen que emplear su tiempo y su dinero para compensar la falta de recursos públicos y apoyos especializados. La situación es especialmente complicada para el alumnado con espectro autista (TEA), cuyas familias perciben los mayores problemas para que la escolarización responda adecuadamente a sus necesidades.
Más de mil familias de toda España han participado en el estudio ‘Dificultades en la escolarización de estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo según sus familias’, impulsado por la confederación Plena inclusión España y realizado por la Universidad de Salamanca. Publicado este miércoles, el informe advierte de la “enorme carga económica y de tiempo” que la mayor parte de los hogares asumen para compensar carencias del sistema educativo ordinario. El 67,3% de las familias encuestadas aseguran que todos los días dedican tiempo o recursos económicos para suplir aquellas materias o tareas que su hijo o hija no consigue aprender o hacer en clase. Otro 15% afirma hacerlo con frecuencia.
Plan del Ministerio de Educación
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, destaca que la investigación aporta una información valiosa en un momento de especial relevancia para el debate educativo. Hace escasos días, el Ministerio de Educación y FP presentó el plan estratégico de educación inclusiva, una guía para que la escuela ordinaria se convierta en la referencia natural para escolarizar al alumnado con discapacidad intelectual o problemas del neurodesarrollo, como autismo. Plena inclusión demanda que este plan venga acompañado de los recursos económicos suficientes para que no se quede en papel mojado. “Exigimos que el derecho a una educación inclusiva no dependa, como sucede en la actualidad, del sobreesfuerzo que asumen las familias del alumnado con discapacidad intelectual”, reivindica.
La organización, que cuenta con 950 asociaciones en toda España y representa a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, defiende que la transformación del sistema educativo debe construirse de manera conjunta entre administraciones, profesionales, alumnado y familias. Los testimonios de los progenitores entrevistados denuncian falta de apoyos especializados y escasez de recursos. También se lamentan del exceso de burocracia y piden una mayor formación del profesorado. Las dificultades con las que se enfrentan a diario les obligan a buscar respuestas fuera de la escuela, circunstancia que genera un impacto directo sobre su economía, su tiempo y su bienestar emocional.
Adaptaciones educativas insuficientes
Las adaptaciones educativas son insuficientes en aspectos muy concretos. Entre las barreras señaladas aparecen especialmente las adaptaciones de las evaluaciones y exámenes. Por tanto, el problema no se limita a disponer de un profesional de apoyo: alcanza también a la manera en que se enseña y se evalúa al alumnado. Más de la mitad de las familias, un 53%, consideran insuficientes las oportunidades para que sus hijos e hijas puedan demostrar lo que saben a través de diferentes formas de expresión, como exposiciones orales, trabajos prácticos, presentaciones o actividades adaptadas a sus necesidades.
El estudio también detecta dificultades en la comunicación entre centro y familia, especialmente cuando hay que decidir qué apoyos necesita el estudiante. Plena inclusión considera que las familias deberían participar de manera efectiva en estas decisiones, y no actuar simplemente como receptoras de información.
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