Al Gobierno le quedan apenas 24 horas para convencer a todos sus socios de que respalden los dos decretos de vivienda que aprobó este martes en el Consejo de Ministros. Los miembros del Ejecutivo encaran la tarea con «optimismo», pero conscientes de que la labor no va a ser sencilla: las medidas que contentan a uno, alejan a otros y viceversa. Ante ello, fuentes de Moncloa se apoyan en que el «contexto social lo exige». En estos momentos, aseguran que ven «predisposición» para salvar la convalidación y avisan de que «no podríamos entender que ni Podemos ni ningún grupo de izquierdas lo rechace».
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, avisó también este miércoles en los pasillos del Congreso, aun sin mencionar a Podemos y Junts, que si algún grupo tumbase estas medidas «va a sufrir un altísimo coste político; les va a pasar por encima». Para elevar esa presión, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, llamó a la movilización ciudadana «que haya empujado a la política a estar a la altura» y ha pedido «que se siga» hasta el viernes.
Desde Moncloa son más tajantes ante las dudas de Junts y Podemos advirtiendo de que tumbar los decretos sería «un punto terrible de inflexión» a nivel social. No consideran que el castigo político en este caso recaería en el Gobierno, sino en quienes voten en contra. Mientras tanto, dicen estar hablando con todos los grupos y se agarran que los textos no concitan rechazo como para votar en contra. Las críticas, según su percepción, «son más por lo que falta». Este sería el caso de Junts, pero también de Podemos, centrado en cuestionarlo por «insuficiente».
Para la convalidación, el Gobierno necesita más síes que noes del Pleno de manera que o Junts o Podemos deben votar a favor. Si los dos se quedan en la abstención, el Ejecutivo perdería la votación a tenor del voto en contra de partidos de la derecha encabezados por PP y Vox.
Tarea en el pleno
Este miércoles ya se han puesto manos a la obra para concitar apoyos el vicepresidente primero del Ejecutivo, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión de control al Gobierno en la que Junts, PNV y Podemos han mostrado sus dudas con ante el contenido de las medias y la forma de tramitarlos. «Hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos«, aseguró a primera hora de la mañana Rodríguez, a su entrada en el pleno, al ser preguntada por si tienen los apoyos necesarios para las votaciones de este viernes.
A lo largo de la jornada, los miembros del Gobierno dieron por hecho que no prevén un escenario en el que las medidas decaigan, como si al verbalizarlo elevaran el precio a pagar para los partidos que se puedan oponer al texto. Incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró «razonablemente optimista». Al menos, con el decreto que contiene el grueso de las medidas. «No contemplamos ningún escenario más que que se vaya a aprobar», recalcan fuentes del Ejecutivo.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo justificó su optimismo, durante una comparecencia conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, porque «hay mucha expectativa al respecto» tras las movilizaciones sociales surgidas con motivo del desahucio de Maricarmen. «Se han trabajado mucho, particularmente uno«, insistió en referencia al primer decreto que contiene desde las medidas antidesahucios a la regulación de los alquileres temporales o la congelación de precios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Marta Fernández – Europa Press
El otro decreto, con los alquileres indefinidos que reclaman desde el Sindicato de Inquilinas, tiene el sello del ministerio de Derechos Sociales y será el ministro de Sumar Pablo Bustinduy quien lo defienda este viernes en la tribuna del Congreso. La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, se encargará de defender el primero, que cuenta con más posibilidades de salir adelante.
De ahí que coloquialmente los partidos se refieran a ellos como «el decreto de Sumar, y el decreto del PSOE», respectivamente pese a que, como aseguran desde el ala mayoritaria del Gobierno, esta vez es «la vez que mejor hemos negociado en la coalición» aunque el resultado final de dos textos apunte a otra línea. Es el momento también de hacer «presión» para mostrar las posiciones de unos y otros, apuntan desde el socio minoritario.
Una de las principales bazas con las que cuentan en el Gobierno es por tanto la presión de la calle y fuentes de Moncloa reconocen que este contexto es una ventana de oportunidad para recomponer la mayoría de investidura. Además, en la parte mayoritaria del Gobierno insisten que los grupos «no tienen argumentos reales para no votar» a favor del decreto. Si bien reconocen que no se han recogido las posiciones de máximos de sus socios de investidura, a derecha e izquierda, argumentan que se han hecho equilibrios y que todos deberían “estar cómodos en el encaje” final del texto.
«Insuficiente, pero necesario»
No obstante, esa confianza no es la que mostraron varios de los socios del Ejecutivo. El primero en comprobarlo fue Cuerpo, que tuvo que hacer frente a las acusaciones de Ione Belarra de haber hecho «trampa» al dividir las medidas en dos decretos. Con un tono más conciliador del habitual se dirigió a la líder morada para recalcar que la del viernes es «una oportunidad impagable» que no se puede dejar pasar. «Empecemos por el viernes, seamos responsables con nuestro voto», le insistió.
Sin embargo, la labor más compleja quedó en manos de la responsable de Vivienda. «Lo mínimo que se le puede exigir es orden, rigor y seriedad y ustedes han demostrado lo contrario, improvisación, contradicciones y caos.», le reprochó primero la diputada de Junts Marta Madrenas. «Con los decretos ya aprobados por el Consejo de Ministros no se solucionará la crisis habitacional», le espetó después la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Ante ambas, la ministra trató de poner en valor lo «complicado» de que todos los socios se vieran «representados al 100%» en las medidas de los decretos.
Fue más tarde, ya en los pasillos de la Cámara Baja, cuando la dirigente de Junts Miriam Nogueras elevó el tono, asegurando que tras una primera lectura estaban «decepcionados y preocupados» porque los textos no «protegían a las familias» ni «frenaban a los fondos buitres». No obstante, ni posconvergentes ni morados —los dos aliados más alejados del acuerdo en estos momentos— aclararon su voto, dejando en el aire las votaciones del viernes, en las que solo uno de los socios se puede ir, como máximo, a la abstención.
Por el momento, PSOE y Sumar cuentan con el ‘sí’ de ERC, que el mismo martes ya calificó los decretos de «insuficientes», pero «útiles»; de EH Bildu, que este miércoles ha confirmado que respaldará ambos textos; y del BNG. «¿Es suficiente? No. ¿Es necesario para miles de personas y familias? Sí», resumió el portavoz de los soberanistas vascos, Oskar Matute.
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