Daniel González entró en 2009 por primera vez en su piso de Burjassot, en Valencia. Entonces lo hizo como estudiante: ocupaba una de las habitaciones, en compañía de otros alumnos de la universidad. En el tiempo que lleva viviendo allí ha terminado sus estudios, comenzado a trabajar, investigado como parte de su trabajo en la Universidad de Valencia. En definitiva, ha creado una vida. Y este día 30, esa vida en esa casa terminará, salvo giro de guion de última hora. Si nada lo impide, la empresa propietaria ganará este miércoles tras un calvario de casi una década la batalla que le ha presentado. Una batalla que terminará, previsiblemente, con su desahucio, a pesar de dos sentencias a su favor, su pago de todos los meses de alquiler y su intento, incluso, de comprar la vivienda. “Me van a echar a la fuerza, me están quitando la dignidad”, dice.
El periplo ha sido largo y complicado. La empresa Ingrade era la propietaria original del piso, que se lo alquiló primero como estudiante y luego la vivienda completa. Eran los años de la crisis inmobiliaria y sus efectos: en los años 2012 y 2013, la antigua propiedad añadió varios anexos al contrato original de Daniel para rebajarle el precio del alquiler de 594 euros a 350 euros para paliar los efectos de la crisis inmobiliaria y añadiendo el derecho de tanteo y retracto. No solo eso: también un derecho de compra por 71.000 euros.
Pero la cosa empezó a complicarse cuando la empresa propietaria entró en concurso de acreedores en enero de 2016. El administrador concursal contactó con Daniel para decirle que desde entonces debía ingresar el alquiler en una cuenta consignada del juzgado y así lo hizo. Poco después, se enteró de que la casa había salido a subasta pública en el BOE y el administrador concursal no había comunicado que él vivía en ella, así que presentó un escrito en el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia para informar de que, efectivamente, allí vivía.
Daniel González que, salvo «milagro», será desahuciado el día 30 / Francisco Calabuig
Subastas y sentencias
Entonces comenzó el baile de sentencias: una primera del año 2017 establecía que el contrato de alquiler de Daniel es válido, admite la existencia de los anexos con la reducción del alquiler y con la opción de compra, y asegura que había estado pagando puntualmente las rentas.
Pero no se pudo evitar que la subasta se reanudara igualmente. El piso se subastó y la vivienda la adquirió CaixaBank que, en 2018, a pesar de ser conocedor de los derechos reconocidos de Daniel respecto al piso, lo acusó, mediante su inmobiliaria Servihabitat, de ocupar ilegítimamente la vivienda. Pero, una vez más, la demanda fue desestimada y Daniel consiguió una segunda victoria judicial. Una segunda sentencia que no parece servirle ahora.
Y es que Coral Homes -que pertenece sobre todo al fondo estadounidense Lone Star, que posee el 80% de la compañía, mientras que CaixaBank controla el 20% restante- volvió a denunciar a Daniel en 2023, obviando las dos sentencias anteriores, y vendió el piso en 2025. La actual propietaria continuó la demanda y, como consecuencia, una sentencia del Tribunal de Instancia de Paterna ha decretado el desahucio de este investigador universitario, al que además se le reclaman 36.000 euros.
Su desahucio se ejecutará el 30 de septiembre
Salvo sorpresa de última hora, su desahucio se ejecutará el 30 de septiembre a las 11, y el Sindicat d’Habitatge ha convocado una concentración a las 10, una hora antes, en la calle Hernán Cortés, número 4, de Burjassot. “Desde marzo, cuando se me notificó la sentencia, estoy en shock, no me lo creo”, lamenta Daniel, que asegura que estos casi diez años de calvario le han generado “estrés, problemas de todo tipo, ansiedad”.
Daniel González que, salvo «milagro», será desahuciado el día 30 / Francisco Calabuig
“Llevo años recibiendo cartas, llamadas de personas que me decían ‘vete del piso’, comunicaciones de la gestoría, de las sucursales bancarias, me han ofrecido 2.000 euros si me iba de mi casa”, enumera. Es decir, “llamadas, acoso, papeles por debajo de la puerta, notas que decían ‘llámame y lo solucionamos”. Y luego el silencio y la desaparición de todo interlocutor. “No me han dado la opción de seguir pagando ni de comprar el piso, la otra parte me ha dado la callada por respuesta”, critica.
«Salvo milagro, me veo fuera»
Parece que el recorrido judicial ha llegado, de momento, a su fin, aunque su abogada está intentando “remover cielo y tierra para buscar alternativas”. “Es muy deprimente que cuando, sobre el papel, las leyes dicen que tienes derecho a una cosa, luego se te quita sin que se explique por qué”, considera. Para Daniel, lo que ha pasado es “aberrante”. “Uno se queda estupefacto”, destaca.
Daniel tiene claro que se intentan “pisotear” sus derechos. “Es triste pero, salvo que ocurra un milagro, me veo fuera”, dice. Por eso, agradece la labor del Sindicat d’Habitatge, su asesoramiento y la compañía. “Si contar todo esto no me sirve a mí, por lo menos que sirva a quien venga detrás”, zanja.
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