La vicepresidenta de Aragón y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno autonómico no reveló información «sujeta a confidencialidad» respecto del procedimiento judicial sobre el incendio forestal de este verano en Las Peñas de Riglos (Huesca), que calcinó 14.500 hectáreas, desalojó a una veintena de municipios con un millar de vecinos, y que le costó la vida en las labores de extinción a un militar de la Unidad Militar de Emergencias, Javier García Sancho.
A preguntas de los periodistas sobre la causa separada abierta por la jueza para aclarar si la DGA difundió información sobre la causa de forma irregular, Vaquero ha incidido en que se actuó «con toda normalidad» y ha avanzado que responderá al juzgado correspondiente. «No se trasladó ninguna información que estuviera sujeta a confidencialidad», ha declarado Vaquero.
Vaquero ha recordado que responderán a la jueza «bajo el principio de que el Gobierno de Aragón lo que hace siempre es gestionar la información sobre la petición que hicieron los servicios jurídicos: considerando las informaciones de que el acusado estaba fuera de Aragón, considerábamos que había riesgo de fuga», ha añadido.
El origen de la petición está en una información publicada el 3 de septiembre a las 13.19 horas en el portal institucional Aragón Hoy, en la que el Ejecutivo autonómico anunció que sus Servicios Jurídicos habían solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado o, subsidiariamente, una fianza de 100.000 euros.
«Desde el Gobierno de Aragón creemos que se actuó con toda normalidad» y que no se trasladó ninguna información que estuviera sujeta a la confidencialidad del procedimiento ni tampoco del investigado, ha subrayado Vaquero. En todo caso, ha subrayado que el Ejecutivo respeta la decisión de la jueza y dará respuesta a su solicitud de información a través de esa pieza separada.
La jueza ha abierto esta pieza separada a petición de la defensa del investigado al considerar que podría haberse vulnerado el deber de reserva de las actuaciones judiciales, después de que el Gobierno aragonés difundiera públicamente el contenido de su petición de prisión antes, según sostiene el letrado, de que le hubiera sido notificada formalmente a él mismo la petición.
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