La liquidación de la comisión de la dana en Les Corts por parte del Partido Popular y Vox ha acabado en el Tribunal Constitucional. El PSPV ha presentado un recurso de amparo contra el cierre en falso de la comisión de investigación parlamentaria que concluyó sin citar ni siquiera a la cúpula de Emergencias el día de la dana y cuyo dictamen se centró en las responsabilidades del Gobierno central, algo que, según los socialistas, no es competencia de un parlamento regional. Consideran que se vulneró su derecho constitucional al ejercicio de la representación pública.
Por un lado, el escrito, al que ha tenido acceso este diario, denuncia que la mayoría parlamentaria sustituyó comparecencias previstas ante Les Corts por transcripciones de declaraciones realizadas en el Congreso, impidiendo a los diputados «formular sus propias preguntas, repreguntar a partir de las respuestas obtenidas, solicitar precisiones ante respuestas evasivas o incompletas, confrontar a los comparecientes con documentos obtenidos posteriormente por la Comisión autonómica» o poner de manifiesto contradicciones entre testimonios. Por otro, sostiene que la investigación se cerró sin completar el plan de trabajo.
Entre las comparecencias que quedaron pendientes figuraba la de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, a quien los diputados pretendían preguntar por la convocatoria del Cecopi, la información disponible durante la tarde del 29 de octubre de 2024, sus comunicaciones con el entonces president Carlos Mazón y las decisiones adoptadas durante la emergencia, así como por el envío del mensaje de alerta a la población.
También quedaron sin comparecer ante Les Corts otros responsables directamente relacionados con la gestión autonómica de la emergencia, como Jorge Suárez, Alberto Martín Moratilla, Raúl Quílez y José Miguel Basset. El recurso considera especialmente relevante esta circunstancia porque, según los recurrentes, las cuestiones que pretendían abordar afectaban al «objeto nuclear de la Comisión».
El cierre anticipado
El PSPV cuestiona asimismo el cierre de la comisión antes de completar las comparecencias previstas. El plan de trabajo aprobado contemplaba una duración de doce meses, «sin perjuicio de que se pudiera ampliar como consecuencia de los trabajos de la comisión«. Pese a ello, la mayoría de PP y Vox aprobó el cierre de los trabajos el 11 de mayo de 2026 y rechazó las propuestas de prórroga planteadas por la oposición. El escrito cita expresamente que la limitación de estas facultades debe estar «suficientemente motivada» y que «la mayoría parlamentaria puede aprobar las conclusiones que considere oportunas, pero no impedir a la minoría la facultad de controlar e investigar«.
Las conclusiones
Por otro lado, los socialistas consiedran que el dictamen desplazó el foco de la fiscalización hacia el Gobieron central, atribuyendo a organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar y Aemet deficiencias relacionadas con la información hidrológica y la predicción meteorológica y responsabilizando a los sucesivos gobiernos de España de la falta de determinadas infraestructuras hidráulicas. Incluso llega a afirmar el dictamen final que las principales decisiones, omisiones y fallos estructurales se situaban “mayoritariamente” en el ámbito competencial de la Administración General.
Así, el PSPV sostiene que PP y Vox se excedió de la utilización de información estatal como elemento necesario para analizar la gestión autonómica. A su juicio, Les Corts pueden conocer actuaciones de otras administraciones pero no convertir ese conocimiento en una fiscalización política directa de instituciones estatales. “Se restringió el ejercicio del control que los recurrentes tenían derecho a desarrollar sobre la Administración de la Generalitat; y se utilizó el resultado de una investigación incompleta para formular conclusiones de fiscalización política directa respecto de órganos estatales”, apunta el escrito.
Por ello, los socialistas piden al Constitucional que anule el cierre de la comisión y, como medida de reparación, reclaman que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la vulneración para que pueda continuar la investigación respetando las facultades parlamentarias, incluida la posibilidad de realizar las comparecencias e interrogatorios que consideran indebidamente impedidos.
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