Las cinco organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Educación de Aragón, CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT, han mostrado su rechazo este viernes a la orden autonómica que regula las actividades extraescolares y han exigido una negociación real que garantice la seguridad jurídica del profesorado. En un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que han creado un frente común para trasladar una postura «firme e inquebrantable» tras la publicación de la orden el 18 de agosto.
«Nuestra seguridad jurídica es lo primero y no se puede dar por resuelta con parches normativos que solo generan propaganda y más carga administrativa», han aseverado sobre la normativa.
Las organizaciones sindicales han denunciado que la regulación aprobada «no supone ningún avance práctico ni aporta soluciones de fondo» a los problemas y responsabilidades a los que se enfrenta el profesorado en salidas, viajes de estudio o intercambios.
Según estos colectivos, la normativa «mantiene las mismas condiciones precarias» de cursos anteriores e introduce, además, un volumen «inasumible» de burocracia y papeleo que «asfixia la labor docente sin ofrecer garantías reales». Y han recordado que la propia orden reconoce su carácter transitorio y la posibilidad de acordar condiciones de trabajo en la negociación colectiva.
Además, han señalado que las funciones, responsabilidades, jornada, descansos y compensaciones del personal docente han sido obviadas «sin un proceso negociador real». Por ello, las cinco entidades han vuelto a solicitar por escrito a la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación la apertura inmediata de una mesa de negociación.
«La administración no puede pretender que el profesorado asuma responsabilidades en salidas y viajes escolares sin un marco laboral garantista, negociado y con verdaderas coberturas», han recalcado. Los sindicatos han aclarado que esta denuncia no cuestiona la importancia pedagógica de las actividades extraescolares ni la autonomía de los centros, sino la falta de amparo a los profesionales que las ejecutan.
CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT han avanzado que mantendrán su presión sindical hasta conseguir una normativa «definitiva, pactada y que ponga en el centro los derechos y la protección del personal docente».
