La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha hecho esta mañana su discurso más contundente contra las acusaciones de ‘lawfare’ que el Gobierno de Pedro Sánchez dirige desde hace tiempo contra los jueces que no toman decisiones del agrado del Ejecutivo.
Las últimas ‘dianas’ de los ministros han sido la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha abierto un procedimiento para investigar la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha adoptado medidas cautelares para paralizar los efectos en el censo electoral de la ‘ley de nietos’.
«No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción», ha subrayado Perelló, que ha exigido «respeto y la lealtad institucional».
Este ha sido el núcleo de la intervención que ha tenido en la solemne ceremonia presidida por el rey Felipe VI y en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Aunque la presidenta del Poder Judicial ha hecho referencia en anteriores discursos a las descalificaciones que se vierten contra los jueces por miembros del Gobierno, hoy ha sido más contundente.
Ha criticado a quienes, desde «responsabilidades políticas», realizan «acusaciones expresas» de que los jueces adoptan decisiones «por razones políticas».
«La crítica y la discrepancia son consustanciales al Estado democrático y de Derecho y lo fortalecen», ha dicho,
Pero «la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales lo erosionan», ha señalado.
Isabel Perelló durante su discurso en la apertura del curso judicial.
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Según ha afirmado, «la confianza en la justicia es un valor que a todos nos incumbe y las críticas en función de intereses partidistas no resultan aceptables«.
«Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo sereno que conlleva la difícil labor de juzgar», ha dicho.
Por primera vez, el discurso de la persona que representa al Poder Judicial incluye explícitamente la palabra ‘lawfare’.
Perelló ha sostenido que las decisiones de los jueces están «al servicio de la justicia y del interés general. Y nunca al servicio de otros intereses».
Parte del texto que está leyendo la presidenta del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial
También ha defendido «desde el máximo respeto y lealtad institucional, pero con firmeza, una Justicia independiente, una Justicia profesional».
«Defender esa Justicia -lejos del corporativismo- es defender los derechos de los ciudadanos. Porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo», ha remarcado.
La presidenta del Tribunal Supremo ha manifestado que la independencia judicial «no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías».
«La democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría. Se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca».
Ha añadido que los jueces «pueden incurrir en errores» y sus decisiones, objeto de crítica.
«Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto», ha señalado.
El rey Felipe VI y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el Tribunal Supremo.
Efe
«En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva», ha afirmado.
«Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor», ha señalado.
Lealtad institucional
Según ha dicho, la lealtad institucional constituye un «principio estructural» del Estado constitucional.
Y «exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás».
«No se trata de una simple deferencia política», ha dicho, sino de una «expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho».
Por ello, esa lealtad «exige» que los poderes del Estado «respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado».
Ceuta: preservar la integridad de las fronteras
Isabel Perelló también se ha referido a la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
Ha tenido un recuerdo a los fallecidos y ha señalado que «en una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado, y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley».
«La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento», ha finalizado.
