Las claves
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Ocho meses después de que EL ESPAÑOL comenzara a denunciar la alteración del censo electoral a través de la ley de nietos, el Tribunal Supremo ha acordado suspender cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los beneficiarios de esa norma.
Hay una excepción: que acrediten que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse de España por razones políticas o ideológicas.
La decisión del Alto Tribunal supone el freno judicial a un fenómeno que EL ESPAÑOL ha venido documentando desde enero: el crecimiento masivo del censo exterior.
Y todo se acelera a raíz de una interpretación expansiva de la Ley de Memoria Democrática por la que se permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes sin necesidad de demostrar la condición de exiliado que la propia norma exigía.
El periódico ha documentado paso a paso cómo una ley concebida para reparar a los descendientes del exilio ha terminado abriendo la puerta a una incorporación masiva de nuevos ciudadanos al censo electoral español.
La primera alerta
La investigación comenzó incluso antes de que la ley de nietos se convirtiera en el principal foco de atención.
El pasado 30 de enero, EL ESPAÑOL informó de que, según datos de la Comisión de Ciudadanía Española en el Exterior, había más de 2 millones de solicitudes para nacionalizarse.
El Gobierno, para no aclarar las cifras, alegaba «problemas de digitalización» para no aclarar cuántas personas se estaban nacionalizando.
La respuesta a este caos comenzó a aparecer en abril.
Ese mes, este periódico publicó una primera radiografía de la situación generada por la llamada ley de nietos bajo el título: La ley de nietos, entre el caos y la manipulación silenciosa del censo: podrá votar en Jaén o Lugo quien jamás ha vivido allí.
La información, citando fuentes diplomáticas, advertía de una consecuencia hasta entonces poco analizada de la norma: la adquisición de la nacionalidad española no sólo otorgaba un nuevo pasaporte, sino que podía acabar incorporando a cientos de miles de personas al censo electoral en la circunscripción que quisiesen, sin concretar su ascendencia familiar.
Era la primera pieza de un rompecabezas que se iría completando durante los meses siguientes.
La explosión de las cifras
En junio, EL ESPAÑOL comenzó a poner números al fenómeno.
El día 14, Pedro J. Ramírez ya advertía en su videoblog del riesgo de que Sánchez estuviera sentando las bases para alterar el censo mediante la ley de nietos. «Nada menos que dos millones y medio de supuestos descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad en los consulados», decía.
Y recordaba que el Gobierno había contratado a Ineco, la empresa que contrató a una amante de José Ábalos, Jéssica, «para acelerar los trámites» de las nacionalizaciones.
«Si Sánchez no tuvo pudor para hacer trampas en las primarias de su partido, menos aún lo tendrá para manipular las próximas elecciones generales«, concluía.
El día 22 de junio, este periódico reveló que la ley de nietos ya estaba generando alrededor de 16.000 nuevos votantes al mes y advirtió de que, de mantenerse ese ritmo, el censo electoral podría crecer en alrededor de 600.000 personas antes de las próximas elecciones generales.
Un día después, la investigación aportó otro dato revelador: el Gobierno había recuperado de los consulados alrededor de 200.000 expedientes de personas que habían solicitado acogerse a la ley incluso ocho meses después de que hubiera finalizado el plazo oficial para presentar solicitudes.
La maquinaria administrativa seguía procesando expedientes mientras el censo exterior crecía a un ritmo sin precedentes.
El 28 de junio, EL ESPAÑOL publicó una amplia Radiografía del ‘pucherazo legal’ en marcha, en la que documentó cómo se estaba produciendo la alteración del censo mediante la incorporación de presuntos descendientes de españoles.
La clave estaba en una instrucción administrativa.
La Ley de Memoria Democrática había reconocido el derecho a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que hubieran tenido que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de creencia.
Pero cinco días después de su entrada en vigor, una instrucción del Ministerio de Justicia presumió la condición de exiliado a todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955, sin necesidad de acreditar que sufrieron algún tipo de persecución política.
La ley exigía demostrar una condición concreta: el exilio. La instrucción administrativa permitió presumirla por el mero hecho de que el ascendiente hubiera emigrado durante un determinado periodo histórico.
Y esa interpretación abría la puerta a millones de potenciales solicitudes.
Nietos, bisnietos y tataranietos
En julio, siguieron las revelaciones. El día 14, este periódico reveló que la aplicación de la ley había ido incluso más allá de los descendientes inicialmente previstos.
La Embajada española en Paraguay estaba nacionalizando a bisnietos, mientras un cónsul en Caracas animaba públicamente a solicitar la nacionalidad incluso a tataranietos.
La aplicación expansiva de la norma se producía mientras los consulados trataban de gestionar una avalancha de expedientes que amenazaba con desbordar su capacidad administrativa.
Dos días después, el debate llegó a la Junta Electoral Central.
EL ESPAÑOL informó el 16 de julio, funcionarios electorales habían planteado la necesidad de impedir que pudieran votar quienes obtuvieran la nacionalidad sin demostrar una relación efectiva con el exilio.
La cuestión ya no era exclusivamente política.
El problema había llegado al órgano encargado de garantizar la limpieza y el funcionamiento del proceso electoral.
Ese mismo día, este periódico publicó que varios miembros de la Junta Electoral reclamaban «más control sobre el CERA y un refuerzo de los criterios de arraigo de los nuevos votantes».
La preocupación era clara: el incremento del censo podía alcanzar una dimensión difícilmente reversible.
Finalmente, la mayoría de la Junta Electoral Central consideró que no tenía competencias para revisar la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la concesión de nacionalidades, aunque cuatro de sus miembros discreparon.
En sus votos particulares advirtieron precisamente del riesgo de que se estuviera produciendo un incremento «formidable e irreversible» del censo electoral mediante una interpretación que, a su juicio, excedía lo previsto por el legislador.
Once días después llegó una de las confirmaciones más relevantes de la investigación.
El 27 de julio, EL ESPAÑOL publicó que la delegada del Gobierno para los españoles en el exterior, Pilar Cancela, admitía que «muy poca gente» accedía a la ley de nietos por «razón de exilio»
La declaración resultaba especialmente significativa porque confirmaba que el exilio, precisamente el elemento central que justificaba la creación de la medida de reparación histórica, no era en la práctica el motivo principal por el que la mayoría de solicitantes estaba obteniendo la nacionalidad.
La admisión coincidía con lo que las cifras y la documentación analizada por este periódico venían mostrando durante los meses anteriores: la aplicación de la ley se había convertido en un mecanismo masivo de acceso a la nacionalidad para descendientes de emigrantes españoles.
La magnitud del fenómeno quedó definitivamente reflejada en agosto.
El 24 de ese mes, EL ESPAÑOL publicó que la ley de nietos había generado 20.536 nuevos votantes en un solo mes, el mayor incremento mensual registrado en el CERA.
Argentina encabezaba el crecimiento, seguida de otros países con una importante diáspora española.
Desde las elecciones generales de julio de 2023, el censo exterior había pasado de 2.333.056 inscritos a 2.736.522.
En menos de tres años: 403.466 nuevos electores. Un incremento del 17,3%.
Las cifras demostraban que el debate ya no giraba sobre una hipótesis futura.
EL ESPAÑOL documentó entonces cómo la clave se encontraba en la modificación introducida mediante la instrucción publicada en el BOE, que permitía presumir la condición de exiliado sin exigir una prueba individual de que el ascendiente hubiera abandonado España por persecución política o ideológica.
La polémica instrucción fue dictada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, como responsable entonces de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
Su alteración administrativa multiplicaba exponencialmente el número de potenciales beneficiarios.
Ocho meses después de las primeras alertas, el asunto ha terminado en el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó este martes suspender cautelarmente la inscripción en el CERA de quienes hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de la interpretación expansiva de la ley de nietos.
La medida se mantendrá hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia sobre los recursos presentados contra la actuación administrativa.
Pero el Supremo ha establecido una excepción: podrán ser inscritos quienes acrediten mediante certificación de los Registros Consulares que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad española por razones políticas o ideológicas.
Es decir, el Tribunal ha vuelto a situar el «exilio acreditado» como elemento determinante para producir efectos electorales.
Justo el requisito que la instrucción administrativa había sustituido por una presunción general vinculada al periodo histórico en el que se produjo la emigración.
