La Asamblea Regional aprobó este miércoles la convalidación del decreto-ley que modifica la Ley de Hacienda y que permitirá al Gobierno autonómico incorporar a las arcas públicas previsiones de ingresos superiores a las contempladas cuando se elaboró el presupuesto vigente, de tal manera que la Región de Murcia pueda asimilar los nuevos fondos estatales destinados al sistema de dependencia, así como a la subida salarial de los funcionarios.
El primer pleno del nuevo curso político comenzó con la consejera de Hacienda, Marisa López Aragón, explicando que «lo razonable es que nuestra normativa nos permita incorporar esos fondos con agilidad».
El decreto-ley del Consejo de Gobierno había advertido de la «necesidad de disponer, con carácter inmediato, de un cauce ágil y jurídicamente seguro que permita incorporar al presupuesto de gastos aquellas previsiones de ingresos superiores a las inicialmente contempladas que resultan indispensables para hacer frente a compromisos ineludibles de la Administración regional». El problema está en que el Proyecto de Presupuestos de 2025, prorrogado en la actualidad, introdujo una limitación adicional a la autorización de generaciones de crédito derivadas de ingresos finalistas no previstos.
Casi toda la oposición consideró que esta maniobra del Ejecutivo murciano no es más que una manera de poder cambiar las partidas presupuestaria sin necesidad de aprobar nuevas cuentas. El diputado socialista Alfonso Martínez Baños señaló que esta reforma responde a que el Ejecutivo murciano ha «tirado la toalla» en esta materia. No solo eso, también le acusó de rechazar un Sistema de Financiación Autonómica que otorgaría a la Comunidad 1.200 millones más al año y una quita de la deuda de más de 3.300 millones de euros. «La Región de Murcia es la que más inversión por habitante ha recibido del Gobierno central en 2025», señaló, acusando al presidente López Miras de ser «desleal» con el Estado y recordando a la consejera López Aragón su obligación de presentar cuentas este ejercicio.
Vox ya denunció un agosto que esta reforma de la Ley de Hacienda no es más que una maniobra para aumentar el gasto sin necesidad de aprobar nuevos presupuestos este ejercicio. Su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, acusó al Gobierno regional de «realizar modificaciones presupuestarias cuando el dinero está en caja».
«Hay algunos tejemanejes que no se pueden realizar», dijo, afirmando que la dependencia y la subida de sueldo de los funcionarios como excusa para modificar partidas presupuestarias sin haber querido «remangarse y negociar con Vox» nuevas cuentas. Alpañez acusó al Gobierno de López Miras de querer «quebrar» la estabilidad financiera de la Región aprovechando el año electoral, y destacó que Vox les ofreció un pacto de mínimos para llegar a acuerdos cuya respuesta aún están esperando.
Por parte del Grupo Mixto, intervinieron Virginia Martínez y José Luis Álvarez-Castellanos. La primera echó en cara al Gobierno autonómico que no quiera traer cuentas este año y gobierne a base de decretos, comparándolo con Pedro Sánchez. «Hay que ser mucho más responsables. El único presupuesto que salió en tiempo y forma fue en 2023, con José Ángel Antelo al frente de Vox», recordó. «Esto es un parche para no traer presupuestos y la prioridad de este año, una vez aprobada la Ley de Vivienda y la Ley del Mar Menor, es la Ley de Presupuestos», subrayó, retando al Grupo Popular a afirmar en tribuna públicamente que presentarán las cuentas de 2027 este año. «Si no, votaremos en contra de este decreto», advirtió.
El dirigente de IU José Luis Álvarez-Castellanos retó a la consejera López Aragón a facilitar la información de las modificaciones de los créditos que se produzcan para conocer el destino de los nuevos fondos que recibirá la Región de Murcia por parte del Estado. «Le pido transparencia y compromiso público con los grupos parlamentarios», manifestó, adelantando su voto a favor de la reforma.
Por parte del Partido Popular, Joaquín Segado, dijo que «cualquier Gobierno responsable» desea presentar Presupuestos antes de final de año. Sin embargo, añadió que no todo depende de él. Se comprometió con Álvarez-Castellanos a trasladar a la Cámara el destino de los fondos adicionales. «No estamos aprobando un presupuesto por la puerta de atrás», aseguró. «Si se han incrementado los recursos destinados a dependencia, lo irresponsable es no utilizarlos», afirmó.
Asimismo, acusó a los dirigentes de Vox de ser ellos los que no quieren aprobar nuevos presupuestos al «convertir cada instrumento parlamentario en una oportunidad para bloquear al Gobierno». «No utilicen los servicios públicos para ajustar cuentas con este Gobierno», les pidió.
