Mayrén Beneyto, la exconcejala del Ayuntamiento de València y amiga de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, reveló en «La alcaldesa» el programa de Salvados de La Sexta el presunto trato de favor de un magistrado que participó en el caso que implicó a Rita Barberá y el grupo municipal del Partido Popular, que acabó archivado. Beneyto reveló en la entrevista con Fernando González «Gonzo» que su marido, el profesor y experto musical y exsubdirector del Palau de la Música, Ramón Almazán, aseguró a Rita Barberá: «Estate tranquila que no te va a pasar nada, no te van a condenar. El que va a llevar el caso lo unico que querrá será un poco de cariño de la oposición. No te va a pasar absolutamente nada«. La enigmática frase la debió pronunciar Almazán en los meses que mediaron entre que el juez del caso Taula decidió elevar al Supremo la exposición razonada para que investigara a Barberá, el 21 de abril de 2016 y la fecha de su declaración en el Supremo, el 21 de noviembre, dos días antes de que Barberá falleciera. Una época en la que el Partido Popular era quien estaba «en la oposición» tanto en el Ayuntamiento de València como en la Generalitat. Aunque sí gobernaba en Madrid, con Mariano Rajoy al frente del ejecutivo central (2011-2018).
La exregidora Mayrén Beneyto no desarrolló la frase. Tampoco se le repreguntó. ¿A quién se refería? En el caso Taula no ha intervenido un único juez. Hasta cuatro magistrados han adoptado decisiones en las diferentes fases procesales de la subpieza del caso Taula del supuesto pitufeo, blanqueo de capitales en pequeñas cantidades, presuntamente cometido por el PP de València para pagar la campaña electoral de 2015. Una causa que estalló en sentido judicial y policial el 26 de enero de 2016, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a registrar la sede del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València. Una causa que para Rita Barberá acabó con su fallecimiento. La muerte exime de toda responsabilidad penal. La investigación también se archivó para el medio centenar de concejales y asesores del grupo municipal, y para el Partido Popular como persona jurídica, el 14 de diciembre de 2021. Una decisión avalada por el Tribunal Supremo el 25 de abril de 2022.
El magistrado que instruye el caso Taula y elevó al Supremo la exposición razonada para que investigara a Rita Barberá es Víctor Gómez Saval, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 18 de València. En su escrito al Supremo, el magistrado Víctor Gómez trasladó que «Rita Barberá fue una de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada», aseguró el magistrado en su escrito, del que informó Levante-EMV en su edición del 21 de abril de 2016.
El magistrado también detalló al Supremo, para apuntalar la supuesta implicación de Barberá en el presunto «pitufeo» la estructura piramidal del PP. «Rita Barberá ostentaba una efectiva posición como superior jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster [secretaria del grupo municipal popular], tanto por ser alcaldesa en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia». Barberá era conocida con el sobrenombre de «la Jefa» en el Ayuntamiento de Valencia, en clara alusión a que no se movía un papel sin su consentimiento o supervisión, durante los veinticuatro años que ostentó la alcaldía.
Conde Pumpido en el Supremo
El instructor de la pieza separada del caso Taula en el Tribunal Supremo fue Cándido Conde-Pumpido Tourón, actual presidente del Tribunal Constitucional, magistrado del Supremo de 1995 a 2017, con un parentesis para ser Fiscal General del Estado desde 2004 a 2011. Conde-Pumpido apenas practicó diligencias ya que abrió la causa el 13 de septiembre y citó a la senadora y exalcaldesa de València para que declarara el 21 de noviembre. Un día después, Rita Barberá anunció que abandonaba el Partido Popular, partido que ayudó a fundar en su fase previa de Alianza Popular, aunque mantuvo en el escaño de senadora, lo que la obligó a pasar al grupo mixto. En su comparecencia, Barberá se escudó en que su función en las campañas electorales era «conseguir votos» y derivó en dos de sus lugartenientes, Alfonso Grau y Alfonso Novo, el control de las elecciones electorales.
Dos magistrados y una magistrada en la Audiencia de València
Los otros dos jueces que han intervenido en algún momento procesal en el caso Taula son los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València, la encargada por turno de reparto de revisar todos los recursos del Juzgado de Instrucción 18, que instruye el caso Taula (una macrocausa de corrupción con 13 piezas separadas que por ahora se ha saldado con 39 condenas, 21 absoluciones y 86 archivos). Los tres jueces que dictaron el primer auto de archivo para los primeros trece ediles y asesores que recurrieron fueron Pedro Castellano (presidente de la sección cuarta de la Audiencia de València y ponente del auto), José Manuel Megía Carmona e Isabel Sifres.
Estos tres magistrados defendieron en su auto de archivo del presunto pitufeo cometido por el Partido Popular de Valpencia, contra el que no cabía recurso, que el dinero que manejaba el PP en 2015 no se probó que fueran «bienes de origen delictivo». Sería «dinero negro», ilícito, pero no «dinero sucio» o delictivo porque, justifican, el presunto «recaudador» Alfonso Grau abandonó el PP en marzo de 2015 por el caso Nóos del que fue absuelto, no participó en las elecciones de 2015 y «es impensable que se conservaran 50.000 euros durante ocho años«. Además de considerar que «la mayoría de investigados no recogieron los billetes [de 500 €] o no estuvieron al tanto». Y de desmerecer indicios como declaraciones de testigos, la grabación de la UCO de la Guardia Civil a Maria José Alcón o el anónimo que denunciaba el pitufeo enviado al juzgado, que los tres magistrados desmerecieron con jurisprudencia que no existía. El Supremo rechazó la queja presentada por el Fiscal Anticorrupción y cerró toda vía a juzgar el presunto pitufeo.
Voto particular en contra del archivo del pitufeo
Sólo una magistrada de la sección cuarta, Clara Bayarri, defendió en un voto particular que los 50 investigados debían ir a juicio porque «todos los hechos de 2007, 2011 y 2015 están relacionados» y el presunto blanqueo de capitales se cometió «desde el momento en el que las 50 personas ingresan los 1.000 euros en «la cuenta extrainstitucional y opaca abierta desde 1995». Para la jueza era «irrelevante que se produzca la devolución o no de los mil euros», porque el blanqueo se produce con «el efectivo pago a proveedores por el grupo municipal del PP con dinero sucio, una vez mezclado éste con el dinero ilícito obtenido mediante las transferencias lícitas».
Grau ha sido el único condenado en la pieza A del caso Taula
Finalmente, quien sí acabó condenado por la pieza A del caso Taula fue el exvicealcalde Alfonso Grau, por las trampas en las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011. Grau recibió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y una multa de 5,3 millones de euros, en una sentencia que está pendiente de un recurso ante el Supremo. Grau también acaba de ser procesado en el auto que finaliza la instrucción del caso Azud, junto al abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, ambos acusados de supuestamente haber cobrado 2 y 3,6 millones de comisiones o mordidas, respectivamente, de contratistas del Ayuntamiento de València. Unas gestiones opacas de las que Rita Barberá estaba al tanto, según la jueza titular del Juzgado de Instrucción 13 de València.
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