La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente no solo para dictar doctrina, sino para investigar y juzgar causas en las que puedan estar implicados ministros, diputados e incluso presidentes del Gobierno y autonómicos, acumula ya tres plazas vacantes.
La primera de ellas lleva pendiente de cubrirse desde 2023, un año antes de que se constituyera el actual Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros son los que tienen que hacer estos nombramientos. A lo largo del próximo curso judicial, si no se llega a un consenso para realizar estas designaciones, los puestos libres en este organismo clave por la trascendencia política de sus decisiones ascenderán a un total de seis.
Aunque la primera de las plazas vacantes se convocó el pasado verano, no se produjo el consenso necesario para cubrirla, y ahora que han aumentado los sillones libres –que serán un total de cuatro en septiembre al finalizar este mes– un amplio sector del Consejo opta por esperar a las próximas jubilaciones previstas para abordar este asunto de forma global. Otros vocales creen que sería mejor ir cubriendo las bajas según se producen, para disipar las dudas sobre la politización del órgano y contribuir a una percepción de mayor normalidad y objetividad en la elección de estos cargos.
La primera salida fue la del magistrado Miguel Colmenero el 13 de abril de 2023, si bien esta plaza –para el turno de juristas de reconocida competencia– no fue convocada hasta julio de 2025, una vez se puso en marcha el nuevo Consejo tras el bloqueo político para su renovación. Desde entonces no se ha abordado el asunto de las vacantes en la Sala de lo Penal, pese a que el pasado mes de enero la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces aprobó una terna de 12 aspirantes entre los que elegir.
El acuerdo es obligado teniendo en cuenta que cada sector cuenta con diez vocales (aunque uno de los del bloque progresista, Carlos Hugo Preciado, a veces se ha desmarcado del resto), y la norma exige que se alcancen al menos 13 votos para realizar un nombramiento. A ello hay que sumar a la presidenta, Isabel Perelló, que puede deshacer un eventual empate con su voto de calidad.
Preferencias y vetos
En dicho momento, tal y como informó este diario, desde el sector progresista se alertó de la posible existencia de vetos, dado el señalamiento público de una de las candidatas preferidas de este sector, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Algunos medios de comunicación informaron entonces de que esta académica era la candidata favorita de Moncloa, pues fue asesora del Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que se sumaba su condición de cuñada de la vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra Teresa Ribera y habiendo asesorado al Gobierno de Sánchez.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros – Europa Press – Archivo
Tampoco gustaba al grupo de los vocales designados a propuesta del PP María de la Paz Lloria, catedrática de Penal de la Universidad de Valencia. Entre las preferencias del sector más cercano al PP destacaba entonces a Julio Banacloche (de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid) y Alicia Gil (de Penal en la UNED). También se apuntaba a la capacidad de Norberto Javier de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y a los fiscales Luis María Uriarte y Guillermo García-Panasco.
La última convocatoria
En todo caso, el acuerdo no fue posible y el número de vacantes aumentó a finales del pasado mes de mayo, cuando el Pleno del Consejo acordó la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de tres nuevas plazas en la Sala de lo Penal del alto tribunal ante las jubilaciones de Juan Ramón Berdugo (el pasado viernes, 5 de septiembre), Ángel Luis Hurtado (el 22 de junio) y Andrés Palomo (el 17 de junio).
A estas jubilaciones se sumarán otras dos vacantes más en 2027, cuando cumplen 72 años –lo que supone su retiro obligatorio– el actual presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta (13 de abril de 2027) y el magistrado y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar (19 de septiembre).
El magistrado y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar / Santi Donaire / EFE
EL PERIÓDICO preguntó recientemente por las vacantes en el Supremo a dos vocales del Consejo General del Poder Judicial en sendas entrevistas. José Cargos Orga, del denominado sector conservador, recordó que durante su primer año se hiceron hasta 160 nombramientos «con alto grado de unanimidad», si bien son conscientes que para el nuevo año judicial que se inaugura en septiembre les queda por afrontar son las salas Segunda (Penal) y Tercera (Contencioso-Administrativo) del Supremo y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se convocará en breve.
«También nos hemos encontrado que se siguen produciendo jubilaciones y ahora tendremos la oportunidad de afrontarlo manera más global«añadió Orga, expresando una opinión diametralmente opuesta a la de su compañera del sector progresista Argelia Queralt. «Una parte del Consejo que piensa que debe irse reemplazando cuando se produzcan las futuras bajas ya previstas para los próximos meses, pero yo creo que se pueden hacer mientras van saliendo, que contribuye a una percepción de mayor normalidad y objetividad en la elección de estos cargos», indicó la vocal.
Crear más plazas
Por otra parte, el Consejo General del Poder judicial solicitó antes del parón estival la creación de seis nuevas plazas de magistrado en el Tribunal Supremo. Concretamente, dos en la de lo Civil, dos más para la Penal y dos en la Sala de lo Social.
La petición se incluye en la respuesta a un oficio del Ministerio de Justicia en relación con el proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial. El órgano de gobierno de los jueces incluso propone al Ministerio de Félix Bolaños un calendario de entrada en funcionamiento de las nuevas plazas en tres fases: 1 de enero, 1 de junio y 1 de noviembre de 2027.
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