El Gobierno central ha decidido elevar el tono en su pugna para conseguir que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE y advertir de que no le será «posible aceptar» que se incluyan lenguas adicionales en el reglamento lingüístico de la UE como resultado de la entrada de nuevos Estados miembros si antes no se ha dado luz verde a su petición.
«No es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego», han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press, después de que el Gobierno haya solicitado incluir en el próximo Consejo de Asuntos Generales, en el apartado de varios, la cuestión de las «lenguas oficiales y ampliación».
España solicitó formalmente a la UE en agosto de 2023, como resultado del acuerdo con Junts para lograr su respaldo en la nueva legislatura, que el catalán, el euskera y el gallego sean considerados lenguas oficiales de la UE. Para que esto ocurra, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, algo que no se ha conseguido alcanzar hasta la fecha.
El Gobierno ha dejado claro en todo momento a sus socios europeos que es una prioridad alcanzar este objetivo y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que es solo una cuestión de tiempo, convencido de que se terminará dando luz verde a la propuesta.
Ya este jueves, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, había deslizado esta nueva condicionalidad en relación con la ampliación, habida cuenta de que la entrada de nuevos países traería aparejada la inclusión de nuevas lenguas oficiales que vendrían a sumarse a las 24 que hay en la actualidad. Ahora, las fuentes consultadas han querido dejar claro que «España apoya firmemente el proceso de ampliación», como han venido manifestando tanto Albares como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando han tenido ocasión, y han esgrimido que «la incorporación de nuevas lenguas oficiales a la UE es un aspecto muy positivo, dada la estrecha vinculación entre el reconocimiento de las lenguas y el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea».
Urge avanzar hacia la reforma
Así las cosas, desde Exteriores han defendido que «en este contexto urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE». Para que esto suceda, es necesario que se produzca una votación, algo que hasta el momento no ha ocurrido después de que España constatase que no contaba con la unanimidad de sus socios y optase por evitar que su propuesta fuera rechazada.
Por lo pronto, el Gobierno tendrá ocasión de exponer su postura en la cita del 22 de septiembre, si bien no se espera que haya un debate de fondo sobre la cuestión. Con todo, será la primera vez que se vuelva a poner sobre la mesa la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego desde julio de 2025.
Entonces, la propuesta española se topó con el rechazo de una decena de socios, encabezados por Alemania, sin que se hayan tenido noticias de que quienes se mostraban reticentes a dar luz verde hayan cambiado de posición. De hecho, el pasado mes de mayo, tras un encuentro entre Albares y su homólogo alemán, el Ministerio de Exteriores germano recalcó que seguía teniendo dudas.
La unanimidad como principal escollo
Desde el primer momento, la necesidad de unanimidad para sacar adelante la medida se convirtió en el principal escollo, pese a los esfuerzos del Gobierno para intentar disipar las dudas entre sus socios, en particular las de índole jurídica y, sobre todo, las relativas a la posibilidad de que la medida se convierta en un precedente que abra la puerta a que lenguas minoritarias en otros Estados miembros puedan intentar lograr el mismo estatus.
Así, el Gobierno no solo se ha comprometido a sufragar los gastos adicionales —que la Comisión Europea sitúa en torno a los 132 millones de euros anuales, basándose en lo ocurrido con el gaélico—, sino que también ha planteado una implementación parcial una vez concedida la oficialidad, para aligerar de este modo la carga.
En concreto, el Ejecutivo planteó a sus socios en la primavera de 2025 que el catalán, el euskera y el gallego fueran oficiales de manera parcial desde 2027, de modo que solo se traducirían a partir de esa fecha los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.
Por lo que se refiere a establecer un precedente, el Gobierno se aferra a que las tres lenguas cooficiales están recogidas en la Constitución desde antes de la entrada de España en la UE, se usan en el Congreso y el Senado y España tradujo hace años a las tres los tratados, además de buena parte de la legislación europea, requisitos que no cumplirían otras lenguas minoritarias.
Fuente: El Correo Gallego
