La avalancha migratoria que colapsó las fronteras de Ceuta a finales de agosto ha desatado una tormenta política que, lejos de amainar, se libra ahora en los platós de televisión. La filtración de informes policiales que advirtieron al Gobierno del salto masivo ha dejado en una posición crítica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha evidenciado una fractura abismal en la cobertura mediática nacional: mientras las cadenas privadas exigen respuestas, la televisión pública opta por desviar el foco hacia la oposición y desempolvar polémicas ajenas.
El epicentro del seísmo político son los documentos elaborados a finales de julio por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y la Policía Nacional. Estos informes no solo alertaban de un riesgo «extremo» de entrada masiva a nado y saltando la valla en los días 30 y 31 de agosto, sino que arrojaban una acusación demoledora: la invasión no fue un acto espontáneo. Según las pruebas recabadas, la avalancha fue orquestada y guiada sobre el terreno por gendarmes marroquíes y agentes de paisano con el objetivo de anular la capacidad de respuesta de España.
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Pese a la contundencia de los avisos, la versión oficial del Ministerio del Interior se aferra a la negación. Grande-Marlaska sostiene que su departamento no tenía conocimiento de estos informes y, en un movimiento defensivo, ha pedido explicaciones a la cúpula policial, desatando la indignación de una oposición que ya exige su dimisión inmediata por «mentir a la cara» de los ciudadanos.
