«Queremos ver mucha inversión procedente de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad de los venezolanos y estadounidenses». El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, llegó a Caracas exultante, apenas precedido por la aprobación parlamentaria del acuerdo petrolero bilateral que, según Donald Trump es un «regalo» del país sudamericano de carácter «histórico». El pacto, dijo Wright, permitirá incrementar «el flujo de capital privado de un gran número de empresas» de EEUU. El visitante tuvo palabras elogiosas para el magnate republicano. «La diplomacia energética del presidente Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética» en todo el hemisferio.
Wright fue recibido por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett. En su anterior visita, pocas semanas después del secuestro de Nicolás Maduro, se había reunido con la «presidenta encargada», Delcy Rodríguez. Se espera una nueva reunión entre ambos.
El pasado 23 de julio, el multimillonario republicano sostuvo que Wright estaba «dirigiendo Venezuela» y lo felicitó por el «gran trabajo» y lo hacía «mejor que nadie nunca antes» al articular las economías de los dos países sobre la base del petróleo.
El propósito puntual de su visita está vinculado con el nuevo contrato para Chevron en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo. Pero no es casual que Wright haya aterrizado en suelo venezolano después de que la Asamblea Nacional (AN) avalara lo pactado entre Trump y Rodríguez. El acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y tiene como meta una producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios. A la vez, Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la compañía privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, para explotar parte del petróleo venezolano. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá el 35% de esa empresa.
Venezuela cedió este año el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero. El Gobierno provisional defendió el nuevo entendimiento bilateral alegando los beneficios económicos para un país arruinado por la crisis derivada del conflicto interno y el doble terremoto. La previsión oficial es de ingresos superiores a 209.000 millones de dólares para el Estado, lo que le permitió decir a Jorge Rodríguez, presidente de la AN, que pronto volvería la «bonanza» a Venezuela.
Críticas en el oficialismo
El Partido Socialista Unido (PSUV) y la cúpula castrense respaldaron el acuerdo con EEUU. Sin embargo, al interior de esa formación se manifiestan a diario muestras de descontento, entre ellas la de la diputada Iris Varela, quien no solo cuestionó lo pactado, sino que advirtió que podría ser «revocado» por otro Ejecutivo Nacional «al cesar las causas que lo motivaron». Una clara alusión a la intervención militar norteamericana del 3 de enero para llevarse a Maduro a una cárcel norteamericana. Según Varela, el propio Maudro podría objetar un acuerdo petrolero suscrito y aprobado bajo «supuesta coacción». La diputada advirtió además a las contratistas que participen en el esquema que se exponen a posibles nulidades e indemnizaciones futuras, una posición que contrasta radicalmente con la expresada por el PSUV en el Parlamento. Su compañero Miguel Ángel Pérez Abad llegó a calificar el entendimiento bilateral como el «más importante de los últimos 100 años».
El portal de izquierdas Aporrea es una caja de resonancia de esta nueva trama silenciada por la prensa oficial. «El petróleo de Venezuela no le pertenece a Donald Trump, no le pertenece a la burocracia de turno en Miraflores, ni a ningún multimillonario. ¡El petróleo es tuyo, de tus hijos y de tus nietos! Ningún gobierno puede regalarnos por 25 o 100 años a espaldas de la Constitución. La ley es clara en nuestro artículo 74: los acuerdos que entreguen nuestra riqueza se pueden anular con el voto del pueblo«, escribió Andrés Giussepe.
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