La crisis migratoria en Ceuta ha supuesto un punto de inflexión en la recta final de la legislatura que ha ahondado la soledad del Ejecutivo y desbaratado los planes de Pedro Sánchez para intentar recuperar la iniciativa política. Las principales carpetas y negociaciones que se preveían impulsar durante el arranque del curso político para ir fijando un escaparate electoral han quedado por el momento orilladas tras la orden del jefe del Ejecutivo a los ministerios de centrar todos sus esfuerzos en capear la situación. Una crisis que, según constataban algunas fuentes parlamentarias socialistas tras las explicaciones esta semana de hasta siete ministros en el Congreso, “hace mucho daño”.
Los efectos colaterales se han extendido dentro del propio Consejo de Ministros, con un choque directo entre dos de los ministerios denominados de Estado, el de Defensa e Interior. A cuenta del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y deslizando así responsabilidades mutuas sobre lo acontecido el 30 y 31 de julio con la entrada masiva de alrededor 72.000 migrantes en la ciudad autónoma. Margarita Robles mantiene que los servicios de inteligencia alertaron previamente, mientras que Fernando Grande-Marlaska lo niega. En Moncloa se respalda la versión de este último, arropada en público por el mando único, el ministro Ángel Víctor Torres, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Exteriores. «No me consta ningún informe ni ninguna información que diera idea de la magnitud de la entrada humana que se produjo», sentenció también José Manuel Albares.
En varias federaciones socialistas no son ajenas al desconcierto ante el choque por un asunto tan sensible. «Al final vamos a perder por Ceuta y no por la corrupción», lamenta con cierta sorna un dirigente socialista. Tampoco dentro del Consejo de Ministros, que ven como en lugar de contener la crisis se azuza al lanzar mensajes contradictorios. Un ministro socialista lamentaba esta semana que “no se entiende muy bien lo que está haciendo Robles», quien mantiene su versión dada en sede parlamentaria. Incluso entre los socios de coalición, Sumar, se reconoce la encrucijada de una crisis que daría “alas” al discurso contra la inmigración y opaca la agenda social o económica favoreciendo a la oposición. Todo ello, después de impulsar un discurso proinmigración con medidas como la regularización extraordinaria.
Además de la oposición, los socios parlamentarios dieron la espalda al Gobierno en la ronda de comparecencias de esta semana. A la espera de las explicaciones de Pedro Sánchez, a quien forzaron a adelantar su intervención ante el pleno del Congreso el próximo jueves. Cuestionan no solo falta de autocrítica por la respuesta, sino de información, sin ni siquiera aportarse casi un mes después cifras exactas sobre los migrantes que todavía permanecen en las calles de ciudad autónoma. Los nacionalistas vascos, considerados socios prioritarios, han llegado a acusar de “negligencia” al Gobierno en sede parlamentaria.
Entre los socios de coalición, Sumar, se reconoce la encrucijada de una crisis que daría “alas” al discurso contra la inmigración
Desde los territorios gobernados por socialistas, solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado la acogida de menores migrantes y responsabilizado al Gobierno de lo sucedido al criticar con dureza lo que considera una total falta de respuesta del Ejecutivo. Sin embargo, son pocos los líderes territoriales que se han prestado a defender públicamente la gestión del Gobierno cuando se encuentran engrasando la maquinaria electoral para las municipales y autonómicas.
Algunos de ellos, como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se han desmarcado del discurso complaciente con Marruecos, considerando que su responsabilidad en lo acontecido es “clarísima”. Al mismo tiempo se han reforzado en sus argumentos los dirigentes territoriales que pugnaban por convocar las elecciones generales antes de las municipales y autonómicas.
El “parteaguas” del fenómeno migratorio
Este posicionamiento con el país vecino, descargándolo de cualquier responsabilidad y hasta poniendo en valor su “colaboración”, es también uno de los principales puntos de fricción con los socios parlamentarios como se visibilizó en las comparecencias de los ministros. A ello añaden su cuestionamiento sobre una reacción tardía, un papel poco proactivo del jefe del Ejecutivo sin regresar a Madrid hasta el pasado domingo o diversas dudas que cerca de un mes después de la entrada masiva de migrantes consideran todavía sin respuesta. Algunos diputados coincidieron en remarcar que salieron de la ronda de comparecencias con más preocupación de la que tenían.
La estrategia de desmarque de los socios propia de un final de la legislatura para marcar perfil propio antes de las urnas parece adelantarse. Un salto que añade todavía más dificultad a la aprobación de los Presupuestos, al tender los partidos a recuperar posiciones de máximos, o el pospuesto decreto sobre vivienda, sin garantías de superar los vetos cruzados entre los socios. De ahí que en el Ejecutivo eviten hablar de fechas, dejando en el aire una revisión de sus planes.
El Gobierno afronta un arranque del último curso de la legislatura en máximas dificultades, enterrado por la crisis en Ceuta. El veterano diputado del PNV, Mikel Legarda, una formación cuyos diagnósticos siempre escudriña el Ejecutivo socialista, se refería a un “salto cualitativo” o “parteaguas” en lo relativo a la “percepción de la ciudadanía de los fenómenos migratorios no regulados”. El terreno más resbaladizo al que se podía enfrontar el Ejecutivo de Pedro Sánchez de cara al ciclo electoral que viene en 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
