El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha hecho público un anuncio que puede marcar un punto de inflexión en la situación de irregularidad que afecta a la Foya de Vilafamés desde hace décadas: se ha abierto el plazo para que las empresas interesadas en urbanizar la zona puedan presentar su alternativa técnica.
Se trata de un paso determinante por dos razones. Por una parte, porque acerca a los vecinos de la urbanización a solucionar una irregularidad que no solo genera serios inconvenientes legales y administrativos, también dificulta su día a día, al carecer de los servicios básicos de cualquier área residencial. Pero es que además, lo que suceda en los próximos meses puede cambiar radicalmente esa situación o mantenerla, todo dependerá de si hay empresas interesadas o no en impulsar el proyecto.
El procedimiento se inició en el mes de julio, cuando el Ayuntamiento de Vilafamés aprobó por unanimidad las bases de programación reguladoras de la gestión indirecta del PAI. De esta forma, se desploqueaba una situación que venía arrastrándose desde el 2008, cuando se planteó por primera vez una propuesta de urbanización, que quedó anulada por errores en el procedimiento que llevaron su gestión a los tribunales, donde se dictó una sentencia desfavorable a la empresa urbanizadora, por lo que el PAI se desactivó. Desde entonces no se había producido ningún movimiento en el mismo sentido.
Investigación del Seprona
La urgencia se precipitó a principios de este verano, cuando trascendió que el Seprona había abierto una investigación penal a más de cuarenta propietarios que habían construido sus casas en la Foya en los últimos cinco años, a raíz de una denuncia.
Los afectados se organizaron de manera inmediata constituyendo una nueva asociación, a la que inicialmente solo pertenecían quienes se enfrentan al procedimiento penal, pero que no tardó en sumar nuevas adhesiones hasta rondar el centenar de las más de 200 viviendas construidas de forma ilegal en unos terrenos que sin bien son urbanizables, nunca han estado programados, de ahí la situación de ilegalidad. Las casas se edificaron sin licencia.
Lo cierto es que la mayoría de los delitos urbanísticos han prescrito (no sucede lo mismo con la situación de irregularidad administrativa, que se mantiene para la totalidad de viviendas), pero la existencia de casi medio centenar de investigados y la preocupación generalizada por el futuro de la Foya, reactivó las reivindicaciones y el Ayuntamiento retomó la puesta en marcha de la única alternativa de desarrollo viable, como defendió en su día el alcalde, Abel Ibáñez, la del agente urbanizador.
Las otras vías serían que el Ayuntamiento urbanizara y cobrara contribuciones especiales, pero el municipio no cuenta con fondos ni medios suficientes para hacerlo; o que los propios vecios se encargaran de desarrollar el proyecto, que también quedó descartado.
El trámite indispensable para poder encontrar un urbanizador era que el consistorio aprobara las mencionadas bases de programación, y transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo, se ha podido dar a conocer el anuncio de esas bases y el inicio del procedimiento de selección de la alternativa técnica, publicado en el DOGV este jueves.
De acuerdo con el texto de ese anuncio, las empresas interesadas tienen tres meses para presentar sus propuestas, que empezarán a contar a partir del primer día del mes de septiembre (al ser agosto inhábil desde un punto de vista administrativo, tal y como se especifica).
Se trata, por tanto, de un paso más en un camino que puede prolongarse meseso, pero que da un respaldo a quienes están a las puertas de un procedimiento penal. De hecho, como ha confirmado la representante legal de la mayoría de los investigados, Lidia Navas, se han recibido ya dos citaciones para declarar ante el juez, una en noviembre y la segunda en diciembre.
De manera paralela a las diligencias del Seprona, el Ayuntamiento se ha visto «obligado», como dijo el alcalde en su momento, a abrir expedientes de reparación de la legalidad urbanística a los vecinos investigados. En vista de los avances del procedimiento administrativo, se ha solicitado la paralización de estos expedientes hasta que se resuelva el asunto, «de momento no hemos recibido una respuesta», confirma Navas.
Los afectados confían que haya empresas interesadas, porque si el procedimiento se quedara desierto «volveríamos al punto de partida», por lo que esperan que el Ayuntamiento no se limite a esperar la respuesta de las constructoras, sino que realice las gestiones necesarias para invitarlas activamente, dado que así se resolvería una problemática que además de las repercusiones legales, entre otras, también tiene consecuencias medioambientales, porque mientras no se urbanice la zona, sigue sin existir un sistema de alcantarillado, por lo que se funciona a base de fosas sépticas; además de que las casas no tienen un suministro de agua potable adecuado, ni alumbrado público, por citar algunos ejemplos de las consecuencias de la falta de urbanización.
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